“El gobierno mexicano se va agarrar de lo que sea para descalificar cualquier informe que lo ponga en evidencia.”
Comenta Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, e integrante y cofundadora de la Red Internacional de Defensoras en México y de la iniciativa Mesoamericana de Defensoras.
Con la intención de visibilizar situaciones de riesgo y generar mecanismo de protección para mujeres defensoras de los derechos humanos a nivel regional (México, Guatemala , Honduras, El Salvador , Nicaragua y Costa Rica ) Yesica viajó Ginebra, Suiza, para asistir el pasado nueve de marzo a la presentación del informe que sobre esta problemática dio Michael Forts, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .
“Una dato interesante en la relación México- Naciones Unidas es que el estado mexicano está ya dispuestos a confrontar al sistema. Está en una etapa de descalificación del trabajo de la ONU.”
“No es nueva la tendencia del estado de negar realidades e intentar simulaciones. Pero por lo menos antes daba argumentaciones absurdas pero intentaba acomodarse, hoy lo que está diciendo es lo informes no son ciertos, que no tienen fuente fidedigna o que no hay que hacer tanto escándalo pues en el país solo son catorce casos de tortura.”
Maya hace referencia a la descalificación que hizo el gobierno mexicano del informe que presentó Juan Méndez, relator de la ONU, donde informaba que en México la tortura es una práctica por demás generalizada, a lo que Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tildo de” irresponsable y poco ético.”
Para la activista está claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto está dispuesto ya a confrontar al sistema mundial de protección a los derechos humanos y eso no es una buena señal.
“Y quedo claro que la política internacional gubernamental es la de decir aquí estamos rebien, en México no pasa nada.”
Para ejemplo se recordó el caso Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad , quien de los 23 mil desparecidos de los últimos dos sexenios en el país declaró que a muchos no se les podía considerar así, pues eran ilegales sin intenciones de avisar sobre su cambio de residencia.
Yesica comenta que en su viaje sostuvo reuniones con las embajadas de Irlanda, Holanda y Bélgica para socializar la peligrosa situación por la que las y los defensores de los derechos humanos están pasando actualmente en México.
Sánchez Maya forma parte de los 40 defensores que impulsan la campaña Haz que se vean, de la cual se desprendió la visibilización ante Forst , relator de la ONU, de los riesgos a su integridad que en el ejercicio de su labor corren la propia Yesica, y Norma Mesino , cuya hermana , la activista Rocío Mesino fue asesinada hace dos años en el estado de Guerrero.
“Norma expuso como el Estado Mexicano ha fallado en su protección , el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación le negó medidas de protección. Fue hasta que la comisión Interamericana de Derechos Humanos le dicto medidas cautelares al estado mexicano , cuando el caso empezó a tomarse en serio.”
Falta de existencia de políticas públicas, presupuesto, y de voluntad política del gobierno federal que ha generado una impunidad lacerante que deviene en ataques a las defensoras y defensores , son las problemáticas que Sánchez Mayas expuso ante el relator de la ONU.
La activista afirma que el Gobierno está poco receptivo, pues creo un mecanismo nacional llamado Ley de protección a o periodistas y defensores de derechos humanos, que al final no sirve para gran cosa.
“El mecanismo nacional de Protección de la SEGOB no tiene perspectiva de género en protección, no tienen la herramientas necesarias , se pasan años en capacitación y ha habido ocasiones en las que incluso han determinado que las compañeras afectadas no son defensoras.”
“Es un espacio de simulación, entre que le toca al estado y le toca al gobierno federal se hacen bolas.”
En Oaxaca la instancia inmediata gubernamental para esos casos es coordinación de derechos humanos encabezada por Eréndira Cruz Villegas, a la cual Yesica comenta que no se ha destinado dinero suficiente.
“Cuando hay un riesgo hay que generar acciones de protección, movilidad y seguridad.” Sánchez Maya cita el caso de Lucero Rivero, esposa de un preso político, que cuando tuvo que salir de su comunidad por amenazas sobre su vida, el estado no se quiso hacer cargo de ella.
O de Yolanda Barranco, intimidada por policía que llegaban a tomarle fotos cada que se cambiaba de casa, caso similar por el que atravesaron los familiares del normalista oaxaqueño desaparecido, Christian Tomas Colón Garnica.
En el documento que presentamos acreditamos que 45 por ciento de los agresores están identificados plenamente como funcionarios o figuras de estado, llámese policías , caciques o particulares.
Sobre si el estado ya está implementando sus propios mecanismo de protección para amedrentar en ejercicio de su labor a las defensoras y defensores que se supone debía proteger, la activista cita las 48 agresiones que se dieron hacia estas y estos en el 2012, que subió a 122 en el 2013, y que se triplicó a 198 en el 2014.
“Son temas de permisibilidad y condiciones para no garantizar.“ afirma Yesica y se refiere entonces al todavía recordado caso del asesinato de Bety Cariño en San Juan Copala, para el cual hay dinero de la comunidad europea para seguir haciendo presión en su solución solo porque el otro asesinado fue el activista finlandés Jyri Jaakola, sin que el caso de otras defensoras y defensores pueda aspirar al mismo nivel de atención.
Un fondo con sanciones a funcionarios que obstaculicen, dilaten o nieguen la implementación de medidas cautelares de protección y procesos de capacitación para evitar violaciones a los derechos humanos, es lo que la defensora visualiza como propuestas de apoyo a la causa.
Sobre la respuesta a sus señalamientos por parte de del gobierno mexicano, expresados en Ginebra y representante por Guillaume Michel, encargado del área jurídica de la misión de México ante la ONU, Maya relata.
“Dijo tomo nota, pero nunca es fácil implementar una política pública nueva. Estamos haciendo lo que se puede, el hecho de que una política pública pueda empezar a construir su engranaje tiene costos colaterales.”
Con el argumento del gobierno peñanietista que su capacidad de error y negligencia en materia de protección de derechos humanos se debe a que apenas está empezando, el relator Michael Forts pidió que se generen mecanismos para que las y los defensores puedan hacer realmente su trabajo.
“El relator vendrá en el 2015 0 2016.” informa la activista y comenta que el gobierno mexicano ya aceptó venga. “Trataremos de que se dé una vuelta también por Oaxaca.”
La defensora ratifica que ante la cruzada de negación de la problemática social y de seguridad emprendida por el gobierno mexicano, es vital que las y los defensores sean lo más rigurosos posibles en la presentación y socialización de su problemática.
“Con los 43 de Ayotzinapa el gobierno fue evidenciado de una manera tajante y contundente. Como dijera Juan Villoro, el estado le juega al hartazgo y a la resignación como método para tranquilizar la psique nacional.”
Con México entrando a una fuerte recesión económica y diferentes instancias internacionales queriendo visitarla para ver como esta, Sánchez Maya considera que si Enrique Peña Nieto renuncia antes de terminar su sexenio sería una cuestión bastante digna.
“Esta descolocado, perdido, generando más incertidumbre. El estado se desgajo y fue secuestrado por la clase política, del poder por el poder mismo.”
“Estamos en una crisis de derechos humanos, en una crisis económica con un tejido social bastante frágil.”
“Al Estado ya no le interesa que pase, todo lo decide para cubrirse las espaldas. Se empieza a dar la expresión un autoritarismo garrafal en el país.”