Víctimas de discriminación –al punto de que ni siquiera se les reconoce oficialmente–, de campañas de desprestigio con tintes sexuales, de exclusión y aislamiento, y sin seguridad social ni protección alguna, las mujeres defensoras de derechos humanos se reproducen cada día por toda la república.
Son, a veces –explica Yésica Sánchez Maya, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)– mujeres que vivían una vida apacible pero que de pronto tuvieron que andar buscando a sus esposos, hijos o hijas desaparecidos; a luchar por la liberación de familiares que fueron detenidos injustamente o se organizan para la defensa y la seguridad de sus pueblos.
Están ahí, son las mujeres que, de un momento a otro, cambiaron su vida, sin proponérselo, tal vez sin habérselo imaginado antes.
Sánchez Maya señaló que en los años recientes se ha dado el fenómeno de que muchas mujeres como madres, esposas, hijas de personas desaparecidas o presas, o presos políticos, o de asesinados, se han asumido como defensoras después de ser víctimas directa o indirectamente de violaciones a los derechos humanos.
Hay casos concretos, que ha enlistado la Red: Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, que llevaba una vida apacible con doble nacionalidad, mexicana y estadunidense, que vivía en Estados Unidos y viajaba constantemente a Guerrero, hasta que la delincuencia se apoderó del municipio y decidió sumarse a los esfuerzos del pueblo por enfrentarla, convirtiéndose en su comandante. Ahora está presa.
Otros casos son Martha Solórzano, presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, en San Luis Río Colorado, Sonora, quien ha recibido campañas de difamación y desprestigio, así como detención arbitraria por policías municipales; Jacqueline Santana, de la Ciudad de México, detenida en el contexto de las movilizaciones por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; Sandra Peniche Quintal, de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, AC, que ha enfrentado intimidación y hostigamiento por su labor en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas; Flor Iraís Maldonado Goche y Rosa Elvira López Mendoza, periodistas de Desinformémonos y Contralínea, cuya vivienda fue allanada y les robaron computadoras con información de reportajes que estaban preparando; Aleyda Quintana, del Grupo Interdisciplinario Tékei, Querétaro, quien acompaña a personas desaparecidas, y ha sido agredida por funcionarios del gobierno del estado para impedirle socializar, documentar y comunicar el elevado número de desaparecidos en la entidad.
“Además de la distinta naturaleza de los ataques contra las defensoras, las agresiones provienen de distintas esferas de las que reciben los hombres defensores, es decir, desde el ámbito privado hasta el ámbito de lo público: las defensoras nos enfrentamos a contextos de discriminación, desigualdad y violencia efectuada por familiares, pareja, la comunidad, autoridades, empresas, crimen organizado, medios de comunicación e incluso al interior del movimiento social”, expresó Sánchez Maya.
Roberto Ramírez Bravo (Leer nota original)