Las ONG que trabajan los temas relacionados a la asociación México-Unión Europea reclamarán hoy a la Comisión Europea la adopción de un mecanismo que frene los abusos cometidos por empresas europeas en México.
«Sería un mecanismo de denuncia y rendición de cuentas de violaciones de los derechos humanos generadas en el contexto de la participación de corporativas europeas en México», dijo a REFORMA Cristina Hardaga, coordinadora de la organización feminista internacional Asociadas por lo Justo.
«La UE no puede desentenderse más de esa problemática, menos aun cuando las empresas que cometen abusos en México tienen su sede en Europa y algunas de ellas operan con fondos comunitarios», afirmó Stephanie Erin Brewer, del Centro Pro Juárez.
El reclamo tendrá lugar al inicio de Diálogo Político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos México-UE, en el que la sociedad civil contará con 10 minutos para exponer sus preocupaciones y recomendaciones a las autoridades.
La delegación europea estará dirigida por el Jefe de Delegación de la Unión Europea en México, Andrew Standley, mientras que la parte mexicana estará representada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
Yolaine Delaygues, de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa, explicó que en teoría es posible traer casos ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero implica riesgos, costos y trámites legales prácticamente imposibles de cumplir para las víctimas en México.
Tampoco a nivel nacional hay facilidades para castigar abusos de las trasnacionales europeas, con excepción de Holanda y Reino Unido.
«El mecanismo podría convertirse en un valioso instrumento disuasivo, al facilitar acceso a la justicia e impulsar la transparencia corporativa», aseguró Delaygues.
Emilie de Wolf, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, asegura que los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, desarrollados por compañías como la española Mareña Renovables y el fabricante danés de turbinas Vestas, han generado un ambiente de violencia generalizada.
«Los intereses económicos por el control de la zona han desencadenado conflictos electorales, desalojos, violencia generalizada, feminicidios y criminalización de defensores, como es el caso de Bettina Cruz», indicó Wolf.
El Centro Pro Juárez prevé que el problema de los abusos corporativos escale como consecuencia de la reciente ola de concesiones en el sector minero.
Brewer afirma que en los últimos años se han emitido 29 mil concesiones mineras, muchas otorgadas sin consulta y el consentimiento previo de las poblaciones afectadas, como es el caso de San José del Progreso, Oaxaca, en beneficio de la filial canadiense Fortuna Silver.
«Además estamos registrando asesinatos de defensores ambientalistas por parte de un crimen organizado coludido con autoridades locales. Tememos que sea sólo la punta del iceberg de lo que viene», aseguró Brewer.
En su intervención, la ONG también pedirá que Bruselas acompañe casos de feminicidio y de violencia contra defensores y periodistas. También mayor compromiso para erradicar el feminicidio y coherencia entre los compromisos internacionales y la ejecución de políticas nacionales.
