Inmerso en un catastrófico andar, el nuevo capitalismo y el modelo voraz de su sistema financiero han implicado nuevas formas de acumulación de capital y nuevos rostros de la explotación, que hoy están en crisis ante la apropiación de los recursos naturales y sus beneficios en manos de unos cuantos grupos empresariales, la miseria de la mayoría de la población y el agotamiento del planeta ante el embate extractivista del neoliberalismo, cada vez más cuestionado por movimientos populares, sociales y de derechos humanos en distintos países y fuerzas internacionales en pugna.
La crisis y el agotamiento del modelo neoliberal, mas no del capitalismo como sistema, tocaron puertas en nuestro país, lo cual implicó un giro político hacia una propuesta demócrata liberal con rasgos nacionalistas, y en lo económico a un modelo neokeynesiano, que prima el desarrollo del mercado interno y un Estado benefactor que atempere las contradicciones de clases.
En medio de este escenario general, irrumpe el Covid-19 como un fenómeno que hace evidente el declive unipolar del imperialismo estadounidense, y deja de manifiesto las grandes contradicciones sociales en nuestro país: por un lado, una clase empresarial y política concentradora de la riqueza, y por el otro una población empobrecida, sin acceso a una vida digna. De igual manera, queda evidenciado el nivel de desmantelamiento de las instituciones de atención social, principalmente en las áreas de salud, educación y vivienda, promovido por el capitalismo salvaje desde hace décadas.
El confinamiento por la actual emergencia sanitaria de sectores tradicionalmente movilizados ha sido aprovechado por los capitales internacionales para avanzar en México en la depredación de territorios y de otros bienes que deberían ser propiedad común de la humanidad. Los recientes asesinatos en nuestro país de luchadores sociales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y sus recursos, dan cuenta de la violencia estructural, que persiste a pesar de la emergencia sanitaria.
En lo local, Oaxaca permanece con los mayores índices de pobreza extrema y vulnerabilidad. El rezago social va acompañado por la alternancia de cacicazgos familiares en el gobierno del estado, garantizando el control político para continuar con el saqueo de las arcas públicas y el enriquecimiento de unos cuantos.
Las respuestas del gobierno estatal ante la contingencia también hacen evidente el perfil procapitalista de la clase gobernante de nuestro estado, dispuesto a beneficiar a unas cuantas empresas, aun pasando por encima de los derechos a la salud y a la vida de la mayoría de la población, que pervive en condiciones de miseria. Esta política es claramente opuesta a la planteada desde el gobierno federal, que prevé la recuperación de la economía sin rescatar a las grandes empresas, fortaleciendo a las familiares y apoyando a las personas desempleadas y ocupadas en el sector informal. Así, por ejemplo, en el ámbito local se anuncia un programa “para la estabilidad económica” a favor de empresas, que implicará erogar 1,270 millones de pesos de los cuales solamente 30 millones serán destinados a distribuir “alimentos de primera necesidad en las zonas más vulnerables”, sin un plan organizado de abasto popular, lo cual obviamente no garantizará la alimentación y la salud de la mayoría de la población en situación de necesidad, y pondrá al estado en una crisis económica y alimentaria sin precedente.
Aun en el contexto de la crisis sanitaria, la salud no es una prioridad para el gobierno del estado. El gobernador no ha hecho públicos los recursos que destina para la atención de la salud durante la emergencia, frente a la debilidad del sistema de salud del estado, caracterizado por la insuficiencia de medicamentos, equipo, insumos, infraestructura y personal médico, que por lo general tiene que sufragar los gastos de su propia protección. Si bien el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud es un fenómeno mundial, determinado por el avance del capitalismo, en el estado de Oaxaca adquiere dimensiones criminales, pues desde hace décadas ha sido saqueado por los gobernantes que se han sucedido unos a otros, en latrocinio que aún hoy continúa, con total impunidad.
Si las deficiencias del sistema sanitario han sido evidentes en las ciudades del estado, incluso antes de la epidemia, la situación se agudiza aún más en el ámbito rural, donde no existe mecanismo alguno de atención a la salud por parte del Estado. Esto, aunado al regreso de jornaleros agrícolas y otros desplazados económicos, puede generar una grave crisis sanitaria en las comunidades de origen, aún más tomando en cuenta que no existe fiabilidad en la información sobre contagios presentada por el gobierno del estado, acostumbrado a simular y mentir, por lo que muchas comunidades podrían levantar la cuarentena sin saber de casos existentes en su interior.
En la emergencia sanitaria también ha aumentado de manera visible la violencia contra las mujeres, orilladas a permanecer en reclusión con sus agresores, sin que el gobierno del estado muestre una política clara dirigida a prevenir, atender y sancionar las agresiones por razón de género en el contexto del confinamiento, omisión que en sí misma es también una manera de violencia de género cometida desde las instituciones del estado. Con la emergencia han aumentado los feminicidios y, de manera alarmante, las desapariciones de mujeres, mientras el gobierno sigue empeñado en la simulación y el maquillaje de cifras. Las autoridades tampoco ofrecen opciones para descargar a las mujeres de la cuádruple jornada que enfrentan durante la cuarentena, como proveedoras económicas, como responsables del trabajo doméstico, como sustitutas de las instituciones educativas y como encargadas de las labores de atención y cuidados de niñas y niños, de personas adultas mayores y de personas enfermas.
En el plano educativo, esta coyuntura ha expuesto las grandes desigualdades en el acceso a la educación, y la exclusión tecnológica de la que es víctima la mayoría de la población escolar, que no tiene acceso a los medios, equipo e infraestructura que permitan a docentes y educandos continuar con el proceso educativo en medio de esta contingencia sanitaria.
A la vergüenza de mantener en las cárceles a presos por motivos políticos, en el caso de Oaxaca a defensores indígenas de tierra y territorio, se suma ahora la infamia de aumentar las violaciones a sus derechos humanos, restringiendo o negando de plano la posibilidad de comunicarse con el exterior, bajo el pretexto de las medidas sanitarias para contener la epidemia.
En últimas fechas, refrendando su política autoritaria, el gobernador emitió un decreto que centra su acción en medidas represivas contra la población, y amenazó con multas, arrestos y otras sanciones a quienes no usen cubrebocas o rompan el aislamiento, con la supuesta intención de contener el contagio del coronavirus. El verdadero propósito de esa medida es descargar la responsabilidad de la crisis humanitaria que pudiera significar la explosión de la epidemia en nuestro estado, hacia las capas populares, acusándolas de no acatar las medidas sanitarias, a sabiendas de que más de 81.1% de la población en nuestro estado sobrevive del trabajo informal, y que necesita salir a las calles para obtener los recursos necesarios para la sobrevivencia del día. Esas nuevas disposiciones del gobierno del estado hacen evidente que sus políticas están realmente al servicio de las elites económicas, pues dejan de lado la responsabilidad de la clase caciquil, de la que forma parte, y del saqueo y desmantelamiento del sistema de seguridad social en nuestro estado. Estas medidas de excepción, que en los hechos equivalen a un toque de queda permanente, no solo contravienen la política establecida por el gobierno federal: son contrarias a la Constitución y al andamiaje internacional para la protección de los derechos humanos.
Ante la posibilidad de que las acciones y omisiones del gobierno del estado lleven a una crisis humanitaria en nuestro estado,
DEMANDAMOS:
Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa:
- Dar marcha atrás a su política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a sus familias, y en su lugar asumir una política social que en los hechos permita a la gente guardar las recomendaciones del gobierno federal en el sentido de quedarse en casa.
- Establecer de manera urgente las medidas económicas necesarias para atender prioritariamente la salud de la población oaxaqueña, mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos; la contratación de personal sanitario; la recontratación del personal afectado con los despidos masivos tras la disolución de los extintos programas Prospera y Seguro Popular, y la ampliación y reconversión hospitalaria para hacer frente a la pandemia por el Covid-19.
- Garantizar la seguridad laboral y disminuir las condiciones de riesgo de contagio de las y los trabajadores del sector salud.
- Hacer del conocimiento público los presupuestos y acciones de Estado para hacer frente de manera integral a los impactos de la pandemia, frente al incremento de la violencia feminicida y feminicidio.
- Hacer lo necesario para garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado de Oaxaca, con el fin de que la población esté en condiciones reales de ejecutar las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno federal.
- Establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales y en las periféricas con mayor riesgo de presión alimentaria derivada de la pandemia, que incluya el subsidio total a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos básicos, a favor de las y los campesinos indígenas del estado de Oaxaca.
- Atender, en sus programas dirigidos a la estabilidad económica, de manera prioritaria a la mayoría de la población en posibilidad de ser afectada o que ya es afectada por una crisis derivada de las medidas de aislamiento, como las personas empleadas en el sector informal de la economía y las personas con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal, antes de presupuestar los multimillonarios apoyos previstos para los empresarios.
Al Congreso del Estado de Oaxaca:
- Realizar de manera urgente las reformas legislativas necesarias para obligar al Poder Ejecutivo del Estado a ejercer su presupuesto atendiendo como prioridad la salud y la vida de la población oaxaqueña, mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos; la contratación de personal sanitario, y la ampliación y reconversión hospitalaria para hacer frente a la pandemia por el Covid-19.
- Vigilar suficientemente que el dinero del pueblo destinado a la atención de la emergencia sanitaria cumpla su objetivo, evitando que continúe el saqueo criminal contra los intereses y los derechos de la población más desfavorecida y en mayor riesgo.
- Vigilar que el presupuesto y las acciones del gobierno del estado de Oaxaca dirigidas a la estabilidad económica del estado se orienten a los sectores realmente necesitados, en concordancia con la política establecida por la Presidencia de la Repúbica, descartando los planes de rescate a las empresas y priorizando a los sectores más desfavorecidos.
Estaremos vigilantes de la acción del Ejecutivo y del Congreso del Estado, y emplearemos nuestros propios métodos de lucha para que cumplan con su obligación de garantizar la salud y la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
¡PERMANECER EN CASA NO ES PERMANECER CALLADOS
NI DESORGANIZADOS!
¡CONFINADOS, PERO MOVILIZADOS!
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 29 de abril de 2020
ORGANIZACIONES: Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA); Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi); Corriente del Pueblo Sol Rojo; Colectivo Yaa Lahs; Universidad Autónoma Comunal de Huitepec “Ityi Ndya Ndoo”; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO); Unión Campesina e Indigena de Oaxaca “Emiliano Zapata” (UCIO-EZ); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo); Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC); Enlace Comunicación y Capacitación, A.C.; Frente Popular Revolucionario (FPR); Servicios del Pueblo Mixe, A.C. (SER A.C.); Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.; Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas; Unión y Fuerza de Huitepec; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca, S.C. (UNOSJO); Centro Calpulli, A.C.; Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, A.C. (SURCO); Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio; Luna del Sur, A.C.; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, A.C.; Colectivo Mujer Nueva; Magisterio en Acción Educativa Emancipatoria y Comunal, A.C. (MAEEC); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C.; Seccion XXII-CNTE-SNTE; Comaletzin, A.C.; Unión General de Obreros Agrícolas y Campesinos de México-Bandera Roja; Xaam Ayuujk Jää’y Mixes de Tlahuitoltepec Oaxaca, A.C.; Propuesta Integral para la Sustentabilidad, A.C.; Centro de Derechos Humanos-Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Emprendimiento Moojk Kaaky; CAI Piña Palmera; ¡Si no están ellas… No estamos todas!; Red Chimalli por los Derechos de Todas y Todos; Colectiva Feminista Mujeres Lilas; Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Oaxaca; Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, A.C.; Monapaküy Organización Comunitaria; Ddeser Ikoots; Espacio de Encuentros de las Culturas Originarias; Ixmucane, A.C.; Frente de Egresadas de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso; Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género, Nduva Ndandi, A.C.; Red de Mujeres; Colectivo por los Derechos Económicos de la Mujeres; Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc); Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, A.C.; Pobladores Oaxaca; Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social; Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO); Subsección 07 de la Sección 35 del SNTSA Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”; Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS); Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Oaxaca de Juárez; Colectivo de Salud, Sección 35; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C. (CAMPO); Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca; Coordinadora de Bases del Seguro Social (CBSS); Sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Autopistas de Oaxaca (SUTCAO); Por la salud de los que menos tienen y los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, A.C.; Sindicato de Trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (STTCEO); Tianguis Mujer Nueva; Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM); Sindicato Nacional Demócrata de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (SNDTSPM), y Coordinadora de Madres y Padres en Defensa de la Educación Pública.
PERSONAS: Lucía Almaraz Martínez, Cándido Jaime Baños García, Silvia Gabriela Hernández Salinas, María Eugenia Mata, Beatriz Ávila Curiel, Jaime Martínez Luna, Demetrio Barrita, Ana Bertha Cruz Martínez, Marisol Balbuena, Josefina Martínez Rojas, Yolanda Barranco Hernández, Mary Carmen Ortega, Emelia Ortiz García, Beatriz Ramírez Caballero, Gilda Denis García, Yésica Sánchez Maya, Ana María Hernández Cárdenas, Beatriz Casas Arrellanes, Roselia Gutiérrez Luis, Itandehui Santiago García, Berenice Benítez Félix, Elizabeth Lorenzana Albino, Nancy Sarahí Sánchez, Ileana Ramírez Pérez, Tzinia Carranza, Araceli Gil Archundia, Briseida Arco Cruz, María Fernanda Espinosa Abascal, Blanca Patricia Abascal Sainz, Charlynne Curiel, Angélica Ayala Ortiz, Zenaida Pérez Gutiérrez, Rocío Melchor Vásquez, Bárbara García Chávez, Soledad Jarquín Edgar, Rubí Cortes Salazar, Laura Susana Chía, Adriana Salazar Rivas, Úrsula Hernández Rodríguez, Fátima Jiménez, Guadalupe Rodríguez Ortiz, Reyna Gutiérrez Luis, Fátima Ojeda Hernández, Nayhiely Aquino Rojas, Aline Castellanos Jurado, Yolanda Pérez Cruz, Nicéforo Urbieta, Lilia Ortiz Martínez, Beatriz Picazo Pérez, Olivia Rodríguez Ortiz y Adriana Marcelina Linares Arroyo.