Pronunciamiento de las mujeres de Oaxaca

El día de hoy, las mujeres de Oaxaca nos hemos reunido para expresar nuestra más profunda solidaridad con las familias de las 125 mujeres y niñas, que han sido asesinadas de manera violenta, desde la Declaración de la Alerta por Violencia de Género en Oaxaca.

Todas y cada una de ellas, representan para nosotras, un motivo para estar aquí, para que sus voces silenciadas por la violencia machista, en complicidad con una violencia institucional, resuenen fuerte a través de las nuestras, exigiendo justicia.

Estamos aquí para denunciar, que a un año de que la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, decretara la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en 40 municipios, las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, debiendo velar por la seguridad y la justicia, han actuado bajo la premisa de la simulación, la complicidad y la omisión, dando paso a la impunidad que rompe  el tejido y la estabilidad social, el Estado ha fallado.

Denunciamos que los gobiernos Federal, Estatal y de los 40 municipios con alerta por violencia de género, no han cumplieron con su responsabilidad y esta falta de cumplimiento la han pagado con sus vidas 125 mujeres y niñas oaxaqueñas, a quienes se les cegaron sus proyectos de vida, les negaron los derechos fundamentales a la libertad, la seguridad, la integridad física, dando como consecuencia la violencia más grave que se puede enfrentar: EL FEMINICIDIO

Denunciamos dilación, simulación e incumplimiento a las acciones de emergencia que fueron mandatas para actuar estableciendo Medidas de Seguridad, Medidas de Justicia y Reparación del Daño, y Medidas de Prevención Urgentes, es claro, no se cumplieron y dieron origen a un incremento de la violencia feminicida y el feminicidio en Oaxaca.

La  gran cantidad de declaraciones y actos simulados del Estado nos dan la razón, a unos días que se cumpla el año, en la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema para la atención, sanción y erradicación de la violencia de Género apenas firmaron el convenio para acciones que se debieron echar a andar en los primeros días de la emisión de la alerta, acto en que estuvo presente un fiscal que niega la existencia de los feminicidios maquillando sus cifras, un gobernador que ha pagado favores con sus improvisadas titulares de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, no hay acciones frontales, no hay acciones efectivas, ello ha costado la vida a las mujeres.

Nosotras nos hemos dado a la tarea de monitorear los hechos ocurridos durante este año y los datos son alarmantes: De las 125 niñas y mujeres que han sido asesinadas de manera violenta, han ocurrido un 65 % en los municipios con alerta de género y un 35 % en municipios sin alerta. Del total de los 125 casos, un 26 % ocurrieron en el Istmo; 18 % en la Costa; 16 % en el Papaloapan al igual que en Valles Centrales; 14 % en la Mixteca; un 6 % en la Sierra Sur y, finalmente, 2 % se ubicaron en la Sierra Norte y la Cañada.

Dentro de las principales formas de asesinato, el 59 % fue por armas de fuego; 11% por apuñalamiento; 7 % por golpes, y 4 % por asfixia. Y en cuanto a sus edades, los porcentajes más relevantes indican que el 28 % tenían entre 16 y 29 años; 24 % entre 30 y 44 años, y 4 % eran menores de 15 años.

La realidad que vivimos en Oaxaca dista mucho de lo que las autoridades plantean y señalan haber hecho. Un año después siguen anunciando con bombo y plantillo, en sendos actos públicos de lucimiento personal del funcionariado público, los programas de acción que habrán de emprender cuando, a un año de distancia, lo que deberían presentar son resultados de las acciones realizadas para brindar seguridad, justicia y para prevenir la violencia patriarcal en todas sus expresiones y tipos, así como las destituciones y sanciones penales a quienes como funcionarias y funcionarios tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia y que a lo largo de este año se han vuelto cómplices de los feminicidios en Oaxaca.

Sin duda alguna podemos afirmar que Oaxaca, a tres años del gobierno de Alejandro Murat, no cuenta con una política pública en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y eso deja en evidencia su falta de voluntad política.

Que la alerta de Género en Oaxaca se ha desquebrajado por la simulación y complicidad por parte del ejecutivo y quedó reducida a acciones de escritorio, fotos y eventos que no han tenido impacto.

Por lo anterior, EXIGIMOS ante los tres niveles de gobierno y los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo:

  1. Que el Gobernador  haga público el presupuesto destinado a cada instancia para la implementación de la Alerta de Violencia de Género y los indicadores de efectividad de cada una con dicho presupuesto y que inicie un proceso de destitución de las y los funcionarios que no están a la altura de la gravedad de la violencia feminicida en Oaxaca para que personas sensibles y con perfil ocupen dichos cargos.
  2. Un informe detallado de cada una de las acciones que han implementado en cada instancia y los resultados alcanzados (SSP, FISCALIA, SMO, CADH, SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS)
  3. Que el gobernador convoque de manera inmediata a los 40 presidentes municipales que tienen la obligación de implementar las acciones de la Alerta de Género.
  4. Que las instancias que recibieron los fondos que la CONAVIM, hagan un informe público de la aplicación de los mas de 12 millones asignados a Oaxaca y los resultados de dicha ejecución.
  5. Que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca haga un revisión exhaustiva del ejercicio de los recursos asignados en la materia, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública.
  6. Que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos del siguiente año se etiqueten recursos para que en la auditoría y revisión puedan ser verificados.

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 30 de agosto del 2019  

 

Atentamente

¡Las mujeres que aún estamos vivas!

¡No más alerta simulada!

¡Por la vida y la Justica para las mujeres ¡

¡Ni una Más!

Pablo López Alavéz: testimonio de 9 años de detención arbitraria en Mexico

En el marco del cumplimiento de 9 años de detención arbitraria de Pablo López Alávez y debido al carácter emblemático de este caso, Cristina Valdivia, encargada del área de México y DH de la Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia, con sede en Múnich Alemania, realizó una visita al defensor de derechos humanos en el Centro de Readaptación Social, Nº2 (CERESO) de Etla.

La Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1983 y es parte del movimiento de solidaridad internacional. Su objetivo fundamental es el intercambio con movimientos y organizaciones sociales en Centroamérica y México, el apoyo a sus luchas y la vinculación de las mismas con las luchas sociales y políticas en Alemania. Se ha sumado a la campaña internacional #LibertadParaPablo

El defensor indígena zapoteco fue detenido arbitraria y violentamente el 15 de agosto del 2010, cerca del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam, Oaxaca. Desde entonces se encuentra arbitrariamente privado de su libertad con acusaciones fabricadas de homicidio.

Como representante de su comunidad, Pablo López denunció la tala ilegal de árboles y exigió la conservación del bosque. Su detención ejemplifica la criminalización como consecuencia de la legítima labor de defensa de la tierra y el territorio.

En junio del 2017 su caso fue retomado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, mismo que emitió la opinión 23/2017, calificando la detención como arbitraria y pidiendo su inmediata liberación y reparación del daño.

Es importante mencionar que han sido 6 las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre casos de personas defensoras criminalizadas en Oaxaca, la mayoría indígenas y todas con un patrón similar de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Damián Gallardo, que también fue acompañado por la Oficina Ecuménica desde 2016 hasta su libertad.

Lamentablemente, en noviembre del 2018 , se confirmó la sentencia a 30 años de prisión. Cabe destacar que el caso está plagado de irregularidades reconocidas por las Naciones Unidas y otras instancias de derechos humanos. Hasta la fecha se continúa con la exigencia de justicia.

A 9 años de la detención arbitraria del defensor, organizaciones internacionales, nacionales y locales, siguen exigiendo a las autoridades mexicanas ¡Libertad para Pablo!

Vandalismo en espectaculares que exigen #JusticiaParaSol, es responsabilidad de “red de complicidades” de autoridades oaxaqueñas

  • Urge que la Federación ponga atención al caso de María del Sol Cruz Jarquín, y garantice acceso a la justicia
  • Exigimos garantías para la seguridad y la vida de Soledad Jarquín Edgar

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de junio 2019

En el marco del primer aniversario del feminicido de María del Sol Cruz Jarquín, como parte de la jornada por la exigencia de #JusticiaParaSol se pusieron algunos espectaculares en diversos lugares de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sin embargo aunado a una cadena de agresiones contra la madre de María del Sol, se suma el hecho de que el día 11 de Junio nos percatamos que habían sido cortadas las fotografías de los cómplices de la impunidad y al día siguiente habían sido quitadas todas las fotografías. Los ataques no quedaron ahí, resulta que el segundo espectacular fue arrancado en su totalidad el pasado viernes 15 de junio, éste se ubicaba sobre la avenida Universidad.

El retiro y/o mutilación de dos de los tres espectaculares colocados para exigir #JusticiaParaSol en el caso del feminicidio cometido en contra de María del Sol Cruz Jarquín, es una afrenta a las organizaciones de la sociedad civil y a la familia de la víctima orquestada por parte de la red de complicidades que mantiene, más de un año después, en total impunidad el caso. Estos actos de vandalismo se suman a una campaña de denostación e intimidación en redes sociales contra quienes exigen #JusticiaParaSol y al recién retiro unilateral de guardia de seguridad a Soledad Jarquín por parte de la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que el pasado 1 de junio, gracias a la cooperación de diversas organizaciones de mujeres del movimiento amplio y feministas, fueron instalados los tres espectaculares para hacer visible el incumplimiento de justicia, tal como debe ser, “pronta y expedita” por parte de las autoridades que encabeza el gobernador Alejandro Murat y que debería ejecutar el Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos.

Una justicia obstaculizada debido a intereses de tipo político y económico, por parte de un grupo de políticos que ven a Oaxaca, y en este caso al Istmo de Tehuantepec, como un botín para explotar y enriquecerse, en un acto de colonialismo puro, como lo ha hecho desde hace décadas la familia Montero López, implicados como delincuentes electorales en el pasado proceso electoral, mismos que obligaron de manera completamente ilegal la presencia de María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza, donde fue asesinada junta con la aspirante a segunda concejala en la misma planilla del PRI-PVEM-PNA, Pamela Terán Pineda y su primo Adelfo Guerra Jiménez. La fotoperiodista María del Sol fungía como jefa de comunicación Indígena e Intercultural de la hoy Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, antes Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) función que de ninguna manera justificaba cubrir campaña electoral.

Es clara la autoría del vandalismo ejercido a lo largo de la semana pasada en contra de dos de los tres espectaculares, mutilando los rostros de Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos, Araceli Pinelo (Fiscal Especializada en Delitos Electorales), así como del ex titular de la SAI, Francisco Javier Montero, y su hermano el ex candidato a la presidencia municipal y hoy regidor de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero, señalados como quienes integran la red de complicidades que mantienen en la impunidad los hechos. De ahí que los responsabilizamos de cualquier ataque a la integridad física o a la vida de Soledad Jarquín Edgar y su familia.

Al quedar complemente evidenciado el interés, encubrimiento y complicidades de autoridades del Estado de Oaxaca y la urgencia de que se avance con las investigaciones del feminicidio de María del sol Cruz Jarquín y demás delitos cometidos alrededor de este feminicidio, refrendamos la petición de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Organizaciones de mujeres del movimiento amplio y feministas, refrendamos nuestro apoyo y respaldo a la lucha por la #JusticiaParaSol encabezada por Soledad Jarquín Edgar y dadas las implicaciones; anunciamos que se interpondrán ante las autoridades federales las correspondientes denuncias de los hechos.

 

 

#JusticiaParaSol

#1AñodeImpunidad

#1AñodeComplicidadDeEstado

 

 

Denuncian incumplimiento del gobierno de Oaxaca a recomendación por violación a derechos humanos contra personas defensoras

  • Exigimos el cumplimento eficaz de la recomendación 05/2018, donde resultó responsable el Gobierno de Oaxaca en actos de tortura, detención arbitraria, ataques a la libertad de reunión y asociación, y de ataques al derecho a defender derechos humanos.
  • Exigimos presentación con vida del Defensor Ernesto Serna García: 13 meses de desaparición forzada.

 

El 7 de junio de 2015, veinticinco personas integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo fueron detenidas en la Ciudad de Oaxaca luego de manifestarse en contra de la mal llamada “reforma educativa” y exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Fueron acusados de terrorismo y portación de explosivos, fueron detenidos de forma arbitraria, incomunicados, golpeados y torturados, finalmente trasladados a cárceles federales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz, respectivamente. Estuvieron privados de su libertad de manera arbitraria 16 meses, y durante todo ese tiempo estuvieron en otras cárceles federales como la de Mengolí, en Miahuatlán y también la cárcel de Etla, Oaxaca.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la Opinión Número 17/2016, donde exigió al estado mexicano su libertad, reconociendo que fueron objeto de detención arbitraria y tortura, también exigieron la reparación del daño causado.

Tres años después de estar sujetos a proceso y con medidas anticonstitucionales en contra de sus derechos a la libertad de asociación, manifestación y expresión, el Juez Tercero de Distrito decretó su inocencia, señalando que los elementos aprehensores actuaron con mendacidad; es decir: que mintieron al fabricar el parte informativo que los inculpaba, porque además es necesario mencionar que no existía una sola prueba material en su contra.

Ellos forman parte del grupo de defensores que fueron presos políticos por órdenes de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué.

El abogado que los defendió, el Doctor Ernesto Sernas García, fue desaparecido desde el 10 de mayo de 2018, y misteriosamente hasta la fecha la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no tiene ningún avance respecto a las investigaciones, pero, ¡eso sí!, asegura que “su desaparición no tiene nada que ver con su labor como defensor”.

La Fiscalía no ha asumido el caso de desaparición vinculada a su labor de defensa de derechos humanos, por lo que refleja la complicidad del Fiscal, Ruben Vasconcelos Mendez, acción que ha sido denunciada ante las Naciones Unidas.

La misma defensa estratégica establecida por el Doctor Sernas ha logrado confirmar en materia de Derechos Humanos, la responsabilidad del estado, entendiendo que los elementos aprehensores, sus mandos jerárquicos y las instituciones para las que laboran, se confabularon en la fabricación de delitos, la criminalización de la protesta, la detención arbitraria y tortura del que fueron objetos.

Con la defensa del Doctor Sernas García y la colaboración de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, se logró que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitiera la Recomendación 05/2018, en donde se exige al gobierno oaxaqueño asumir su responsabilidad tras los hechos violatorios en materia de derechos humanos, y la reparación integral del daño con medidas satisfactorias para las víctimas del terrorismo de estado.

Hoy, el grupo de ex – presos políticos y divesas organicaciones sociales y de derechos humanos exigieron la presentación con vida del Doctor Ernesto Sernas García. “Mantenemos en alto las banderas que él mismo enarboló en la lucha por justicia y defensa de los derechos del pueblo, junto a la organización que ha defendido”, enfatizó Eva Lucero Rivero, integrante de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca durante la lectura del comunicado.

Denunciaron que a seis meses de la emisión y aceptación de dicha recomendación, el Poder Ejecutivo de Oaxaca no ha llevado a cabo ninguna acción en atención a esta recomendación, al menos no de forma consensada con las víctimas. Las acciones emprendidas por el Estado son más de carácter administrativo, formal y unilateral que de carácter satisfactorio en términos de una reparación integral del daño.

Por ello:

Demandamos reparación integral del daño

Reclamamos justicia y castigo a los culpables

 No olvidemos que el Estado fue quien violó de manera grave y sistemática derechos huymanos, el Estado fue quien pervirtió la ley, el Estado fue quién militarizó Oaxaca para imponer sus reformas estructurales.No hay la menor duda. ¡Fue el Estado!

¡Castigo a los culpables de la detención arbitraria y tortura!

¡Castigo a los culpables de la desaparición forzada de nuestro abogado, amigo y compañero Ernesto Sernas García!

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10 de junio de 2019

Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez

Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)

Corriente del Pueblo Sol Rojo

Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso (Enruva)

Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Frente a impunidad en el país se denuncia ante la ONU a Estado Mexicano por Tortura en el caso de Damián Gallardo Martínez

En el marco del 66ª periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, se presentó una denuncia contra el Estado Mexicano ante el CAT por la tortura y graves violaciones sufridas por el defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez desde su detención el 18 de mayo 2013 y hasta su liberación el pasado 28 de diciembre 2018.

El CAT está integrado por 10 expertos internacionales en materia de tortura y es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura por sus Estados Partes, como es el caso de México. El CAT puede conocer de denuncias individuales dado que desde el 3 de mayo 2002 ha reconocido esta competencia y de allí sus obligaciones a cumplir con las recomendaciones y decisiones emitidas por los expertos del CAT.

Con la presentación de la denuncia contra el Estado Mexicano se busca justicia no solo en el caso individual sino para generar un precedente que trascienda y acabe con la criminalización de la protesta social y el uso de la tortura en las detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca.

Cabe recordar que el defensor de derechos humanos Ayuujk Damián Gallardo Martínez fue detenido arbitrariamente el 18 de mayo del 2013, en el marco de la criminalización de la lucha magisterial y protesta social, desplegada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto contra opositores a la “reforma educativa”.

Este caso dio inicio a una nueva ola de criminalización de la protesta social en Oaxaca buscando acabar con la labor de defensa y resistencia contra las reformas estructurales. Caber recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido documentadas al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca; mismas que se prolongaron desde 1 día hasta 5 años 7 meses.

En Oaxaca y en México en general, la tortura se da de manera particularmente frecuente en los contextos de detención y prisión y el castigo de dicha tortura es prácticamente nulo. En el caso del estado de Oaxaca no existe hasta la fecha ni una sola sentencia por tortura; a nivel nacional también son muy escasas las sentencias. El caso de Damián Gallardo no es la excepción, pues si bien se denunció la tortura unos días después de la detención arbitraria; hasta la fecha, a prácticamente 6 años de la denuncia inicial radicada en la Fiscalía General de la Republica, los avances en las investigaciones son nulos.

De allí que frente a la ausencia de respuesta en México, el defensor de derechos humanos decidió buscar justicia a nivel internacional presentando denuncia ante las Naciones Unidas acompañado por el Comité de familiares y amigas/os de Damián Gallardo Martínez, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con sede en la Ciudad de México y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) con sede en Ginebra.

En la denuncia se pide que el Comité Contra la Tortura reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano y le urja a:

  • Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a todos los agentes estatales y autoridades responsables por las violaciones a la Convención Contra la Tortura
  • Reparar integralmente el daño sufrido enfatizando que las medidas de reparación deberán de:
  • Ser especializadas y respetuosas de la cosmovisión de las todas las victimas;
  • Incluir un reconocimiento público de responsabilidad que impacte en el cese de la criminalización de la protesta social en Oaxaca;
  • Incluir la construcción de políticas publicas integrales y cambios institucionales que garanticen: la protección de personas defensoras de derechos humanos, la implementación urgente de un Registro Nacional de Detenciones; acabar con el carácter burocrático y generar rutas de atención, reparación y rehabilitación especializadas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

Ginebra, Ciudad de México, Oaxaca a 16 de mayo del 2019

Desaparición forzada una realidad en Oaxaca

  • Exigimos presentación con vida de Ernesto Sernas
  • A 1 año de la desaparición Forzada de Ernesto Sernas García: Impunidad total y complicidad de Estado

El 10 de mayo del 2018, el defensor de derechos humanos, abogado y catedrático Ernesto Sernas fue visto por última vez en su domicilio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, sus familiares acudieron a las instancias gubernamentales interponiendo denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado (74/UEDF/18) así como interponiendo queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO/0962/(01)OAX/2018).

Pese a haber aportado en todo momento elementos para agilizar las investigaciones, hasta la fecha los resultados de la misma permanecen nulos y sin avance alguno para dar con el paradero de Ernesto Sernas García, pese a que se solicitó la intervención al nuevo Gobierno Federal sin que hayan tomado acción alguna para dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha simulado con la supuesta Fiscalía Especializada en Desaparición forzada, pues se ha dedicado a dilatar y obstruir el proceso de búsqueda y registro del defensor en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ha obstaculizado las investigaciones, negando el acceso al expediente, alentado a la familia a abandonar la hipótesis de desaparición forzada; de igual manera ha hecho caso omiso al llamado urgente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), mismo que emitió la acción urgente 540/2018 sobre el caso desde el 28 de septiembre 2018.

Como única acción simulada para dar respuesta a la acción urgente del Comité, se llevó a cabo una mesa de trabajo el 16 de octubre del 2018 entre la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, familiares, organizaciones representantes y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En dicha reunión se adquirieron distintos compromisos por parte del Estado Mexicano para avanzar con las investigaciones, mismos que se irían trabajando en mesas de trabajo posteriores. Sin embargo, la reunión prevista para el 5 de noviembre 2018 fue cancelada sin previo aviso y sin alternativa pronta. Hasta la fecha y a pesar de la solicitud reiterada de reinstalación de dichas mesas, no ha habido respuesta favorable.

En su informe de fecha 6 de noviembre 2018, el Estado Mexicano fijó también postura ante el Comité CED descalificando la hipótesis de desaparición forzada como consecuencia de la labor de defensa de derechos humanos, ello a pesar de las recomendaciones del dicho Comité sobre la importancia de privilegiar esta hipótesis. Cabe recordar en este sentido que Ernesto Sernas había sufrido incidentes y amenazas en fechas cercanas en el marco de la defensa legal que asumía a favor de integrantes de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo quienes habían sido detenidos arbitrariamente y víctimas de graves violaciones como consecuencia de su legitima labor de defensa de derechos humanos. Días previos a la desaparición forzada, Ernesto Sernas se encontraba en un momento clave de la defensa de Sol Rojo, al estar preparando los medios de prueba que redundarían en la demostración de la responsabilidad de elementos aprehensores y de la inocencia de los defensores de derechos humanos criminalizados.

 

El Estado Mexicano desestimó las recomendaciones del Comité en términos de protección a familiares de Ernesto Sernas e integrantes de la organización Sol Rojo. Efectivamente, desde el 28 de septiembre 2018, el Comité expresó su preocupación por la integridad de familiares e integrantes de Sol Rojo, recomendando al Estado Mexicano la emisión de medidas cautelares. El Estado hizo oído sordo; de allí que la situación de riesgo se agudizó y que en marzo del 2019, las personas defensoras solicitaron medidas urgentes de protección al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Como única respuesta fueron informadas de la apertura de un expediente en el Mecanismo (MEC/CEN/029/D/E/2019) mismo que no se tradujo en la implementación de medida alguna. Cabe señalar la gran vulnerabilidad y alto riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de referencia, pues desde septiembre 2018 han sufrido ataques particularmente graves como: vigilancia, seguimiento y hostigamiento reiterado en las cercanías de la oficina de la organización; tres allanamientos y robos a distintas oficinas de la organización. Cabe mencionar también los ataques contra otras personas defensoras integrantes de la misma organización, se documentaron en meses pasados dos casos de amenazas y una agresión física contra integrantes de la organización en la región del Istmo así como el asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino el pasado 11 de abril 2019 luego de encabezar un día antes una protesta pacifica contra megaproyectos en la región del Istmo.

La necesidad de garantizar la integridad de personas defensoras de DH y en particular la preocupación por la impunidad en el caso de Ernesto Sernas así como los graves ataques contra integrantes de Sol Rojo y personas defensoras de Oaxaca han sido destacados a nivel internacional, específicamente en el comunicado de prensa[1] emitido el pasado 10 de mayo por 5 procedimientos especiales de la ONU entre ellos el Relator sobre la Situación de Personas Defensoras Michel Forst, en el que resaltaron que “ El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de tomar de inmediato medidas que protejan de manera efectiva a los miembros de la organización Corriente de Pueblo Sol Rojo, a sus familiares y a todos los que defienden los derechos humanos en México”.

Frente a la gravedad de la situación exigimos:

  • La presentación inmediata y con vida de Ernesto Sernas García.
  • La reinstalación urgente de las mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación en cumplimiento a la acción urgente del Comité CED y con el fin de agilizar las investigaciones y proceso de búsqueda.
  • Justicia por el artero asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino y castigo a los autores intelectuales y materiales.
  • La implementación urgente de medidas para garantizar la integridad física y psicológica de integrantes de Sol Rojo, así como de los familiares de Ernesto Sernas y Luis Armando Fuentes y todas las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca por parte del Mecanismo Nacional de protección a periodistas, defensoras y defensores.

 

Oaxaca a 14 de mayo 2019

 

ATENTAMENTE

 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez

Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)

Corriente del Pueblo Sol Rojo

Escuela Normal Rural Vanguardia y Egresadas de Tamazulápam del Progreso (Enruva)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)

[1] Pronunciamiento “México: Un año después de la desaparición de Ernesto Sernas García, expertos de la ONU denuncian la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca”, disponible en:https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24590&LangID=S

Pronunciamiento: MÉXICO: Un año de la desaparición de Ernesto Sernas, un año sin avances en la investigación

Ginebra-París-Dublín, 13 de mayo de 2019 – En el marco del primer aniversario de la desaparición del defensor de derechos humanos Ernesto Sernas, el Observatorio (OMCT-FIDH) y Front Line Defenders denuncian la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas que, hasta el momento, ni siquiera han priorizado la hipótesis de que su desaparición esté vinculada a su trabajo de defensa de derechos humanos.

 El 10 de mayo de 2018, el abogado y profesor universitario Dr. Ernesto Sernas García desapareció en San Agustín de las Juntas, Oaxaca. La desaparición del abogado coincidió con un momento crucial de un proceso penal en el que representaba legalmente a 23 personas defensoras pertenecientes a la organización Sol Rojo, cuya detención en 2015 fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en su Opinión 17/2016. El caso está siendo seguido por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a través de su Acción Urgente 540/2018 y el 10 de mayo de 2019 cuatro Relatores Especiales y cuatro integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU condenaron la falta de avances significativos en la investigación[1].

 

El Observatorio y Front Line Defenders siguen extremamente preocupadas por la inacción de las autoridades mexicanas en la desaparición de Ernesto Sernas. La falta de investigación efectiva de estos ataques, la inexistencia de sanciones para los perpetradores y la falta de implementación de medidas de protección en beneficio de las personas defensoras de derechos humanos genera un clima de impunidad que previene el trabajo efectivo en derechos humanos.

 

Nuestras organizaciones reiteran su llamado a las autoridades mexicanas para que tomen medidas urgentes y efectivas para ubicar el paradero del Dr. Sernas y presentarle con vida. Además, remarcamos que, en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades deberían contemplar como primera hipótesis que violaciones contra un defensor sean producto de sus actividades de defensa de derechos humanos. En el año que pasó después de la desaparición del Dr. Sernas, dicha posibilidad no ha sido priorizada por las autoridades mexicanas.

 

Finalmente, nos gustaría destacar la existencia de una nueva ola de ataques e de intimidación contra la organización Sol Rojo durante los primeros cuatro meses de 2019 incluyendo el asesinato del Sr. Luis Armando Fuentes el 11 de abril de 2019[2]. La organización ha sufrido represalias por su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía cuya implementación viola sus derechos a la auto-determinación, así como por su labor en el caso del Dr. Ernesto Sernas. Por todo lo anterior, instamos a las autoridades mexicanas y oaxaqueñas que aseguren que las y los integrantes de la organización Sol Rojo puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos de manera segura.

 

Para obtener más información, por favor contacten con:

  • OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39
  • FIDH: José Carlos Thissen: (+51) 95 41 31 650
  • Front Line Defenders: Sandra Partago: (+52) 55 5050 9822

 

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por la sociedad civil internacional.

 

Front Line Defenders trabaja en favor de la protección, la seguridad y el bienestar de los defensores y defensoras de derechos humanos que corren peligro en todo el mundo, proporcionando subvenciones, formación y fortalecimiento de las capacidades en materia de protección física y digital, trabajo de incidencia y campañas de visibilidad para personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

[1]                 Disponible aquí: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24590&LangID=S

[2]                 Para más información véase Llamados Urgentes del Observatorio (http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2019/04/d25313/#_ftn4) y de Front Line Defenders (https://www.frontlinedefenders.org/es/case/killing-indigenous-leader-luis-armando-fuentes-oaxaca) publicados el 16 de abril de 2019.

Un año después de la desaparición de Ernesto Sernas García, expertos de la ONU denuncian la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca

Expertos en derechos humanos de la ONU* han condenado la falta de avances significativos en la investigación de la desaparición del abogado y defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García en el estado de Oaxaca, en el sur de México, a un año de estar desaparecido.

En el momento de su desaparición, Sernas García era el abogado defensor de 23 miembros de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, acusados de terrorismo y otros delitos relacionados con su participación en manifestaciones pacíficas en junio de 2015 contra la reforma al sistema educativo aprobada en 2013.

“Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Ernesto Sernas García, la situación es desesperada para quienes él defendió y quienes trabajaron con él”, dijeron los expertos de la ONU.

El grupo representado por Ernesto Sernas ha sido absuelto, pero Corriente del Pueblo Sol Rojo sigue siendo el blanco. El último ejemplo de intentos de intimidación y ataques contra miembros de la organización es el asesinato del defensor de los derechos de los indígenas Luis Armando Fuentes. Fue asesinado a tiros el 11 de abril por un grupo de hombres desconocidos en San Francisco de Ixhuatán, Oaxaca.

Los expertos de la ONU dijeron que “el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de tomar de inmediato medidas que protejan de manera efectiva a los miembros de la organización Corriente de Pueblo Sol Rojo, a sus familiares y a todos los que defienden los derechos humanos en México”.

Los expertos expresaron que los ataques contra la organización y sus miembros están vinculados a su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, a su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía, así como a su trabajo en relación con el caso de la desaparición forzada de Sernas García.

Los expertos pidieron a las autoridades federales que ejercieran su jurisdicción y realizaran una investigación imparcial y exhaustiva de estos casos, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales.

Instamos a las autoridades mexicanas a abordar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, en particular los impactos adversos ambientales y de derechos humanos de los megaproyectos”, indicaron los expertos independientes.

Estamos observando una preocupante intensificación de la violencia contra los defensores de los derechos humanos desde principios de 2019, marcada por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 13 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018. En lo que va del 2019, al menos 14 defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados, 10 de ellos en el estado de Oaxaca.

Los expertos están en contacto con las autoridades mexicanas sobre estos temas.

(* )Las y los expertos son: el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. Bernard Duhaime (Presidente Relator), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sra. Houria Es-Slami, Sr. Luciano Hazan y Sr. Henrikas Mickevičius (integrantes) del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Clément Nyaletsossi VouléRelator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación;y la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.  

 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

México es examinado por la ONU sobre la situación de la tortura

México es examinado por la ONU sobre la situación de la tortura
Consorcio Oaxaca elaboró informe sobre Oaxaca en particular para personas contra defensoras de derechos humanos

Los próximos 25 y 26 de abril 2019, el Estado Mexicano será examinado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) reunido en Ginebra para celebrar su 66ª periodo de sesiones.

El CAT está integrado por 10 expertos internacionales y es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura por sus Estados Partes, como es el caso de México. Para preparar el examen de México, el Comité analizó distintos informes y contribuciones presentados con antelación incluyendo los del Estado Mexicano y de la sociedad civil; mismos que servirán de base para evaluar el cumplimiento, avances y principales prioridades en la materia.

En este contexto 123 organizaciones de la sociedad civil presentaron el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura 2012-2019” donde compartieron con el Comité el panorama general de la tortura en México así como recomendaciones especificas para luchar contra esta practica generalizada. Consorcio Oaxaca participó en la elaboración de dicho informe y puso sobre la mesa algunas de las preocupaciones más importantes para el Estado de Oaxaca en particular frente al contexto de agudización de la criminalización de la protesta social.

El día de ayer Consorcio Oaxaca participó en una sesión de trabajo presencial en Ginebra con los expertos del Comité CAT en la que puntualizó estas preocupaciones y emitió algunas recomendaciones especificas para ser tomadas en cuenta por el Comité al momento de examinar a México.

Consorcio Oaxaca expuso en este sentido que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pasado la criminalización a personas defensoras se ha visto favorecida por el clima de difamación y campañas de denostaciones en medios, particularmente en el caso de mujeres defensoras en Oaxaca, al constituir para esta población el 23% del total de ataques registrados.

Destacó que este clima fue uno de los factores que generó permisibilidad para una ola de detenciones arbitrarias contra integrantes del magisterio y movimiento social oaxaqueño convirtiéndose en un patrón de actuación. En base a datos oficiales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en conjunto con el registro de Consorcio Oaxaca,, fueron documentadas al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras; derivando todas en prisión preventiva desde 1 día hasta 5 años 7 meses.

La gravedad de esta situación ha sido reconocida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mismo que emitió durante el sexenio pasado 8 opiniones sobre detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos de México, 6 de ellas sobre casos de personas defensoras de Oaxaca. El Grupo de Trabajo reconoce un patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras en su mayoría indígenas, y en especifico en el estado de Oaxaca. Destaca que las detenciones buscan mermar la labor de defensa y que de manera sistemática derivan en incomunicación, tortura y graves violaciones al debido proceso. En todos los casos formula recomendaciones al Estado Mexicano mismas que incluyen la liberación, la atención médica y psicológica así como la reparación del daño.

Además de la criminalización y detenciones arbitrarias, se ha documentado la agudización de todos los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en general en Oaxaca.
En este sentido han sido documentados al menos 6 asesinatos de personas defensoras en el 2017, 9 en el 2018 y 4 en lo que va del 2019. 5 de los asesinatos registrados en el 2018 fueron perpetrados contra integrantes de la organización indígena Comité de Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI). Otros ataques particularmente graves documentados durante el 2018 fueron la desaparición forzada del defensor de derechos humanos y abogado de la organización Sol Rojo Ernesto Sernas García, otras 3 desapariciones por motivos políticos, 2 ataques armados a organizaciones, 9 detenciones arbitrarias, 7 casos de allanamiento a domicilio y 1 caso de tortura contra el hijo de defensores de derechos humanos.

Uno de los factores que permite esta dramática situación es la impunidad lacerante. Efectivamente y en base a cifras oficiales la impunidad es prácticamente total: la Fiscalía General del Estado dijo investigar 46 agravios a defensoras y defensores de derechos humanos cometidos entre 2015 y 2017; de estos sólo tres fueron judicializados y solamente en un caso existe una orden de aprehensión, de la que no se informa si fue o no ejecutada.

Lo mismo ocurre con la tortura, hasta la fecha no existe ni una sola sentencia por esta grave violación en el estado.

De allí que Consorcio Oaxaca solicitó al Comité CAT que al momento de examinar a México le emitiera las siguientes recomendaciones:

• Cumplir a cabalidad con las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
• Garantizar que todas las Fiscalías Especializadas, incluida la de Oaxaca, cuenten con personal capacitado y suficiente para garantizar el aumento de judicialización y sentencias condenatorias
• Reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos evitando cualquier deslegitimación

Front Line Defenders condena el asesinato del defensor Luis Armando Fuentes

El 11 de abril de 2019, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo por parte de personas no identificadas en una emboscada en San Francisco Ixhuatán. El ataque contra el defensor de derechos humanos es el más reciente en una serie de asesinatos, desapariciones forzadas e intimidaciones contra líderes indígenas en Oaxaca.

Luis Armando Fuentes fue un defensor de derechos humanos indígena e integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra ydel Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra. Trabajó en temas de derechos humanos relacionados con el desarrollo comunitario, la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales con respecto a la corrupción y promovió el derecho a la autodeterminación en los municipios de Istmo de Tehuantepec.

El 11 de abril de 2019, alrededor de las 7 pm, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, mientras iba en camino a la comunidad de Cerro Grande. Antes de su asesinato, Luis Armando Fuentes informó haber sido amenazado en varias ocasiones por autoridades locales en diferentes municipios y también por autoridades federales de la Comisión Federal de Electricidad. Las amenazas se hicieron en relación con su trabajo de derechos humanos, especialmente vinculado con la oposición de las políticas de desarrollo del gobierno, que ponen en riesgo los derechos indígenas a la libre determinación.

El asesinato de Luis Armando Fuentes ocurrió en el contexto de una nueva ola de ataques e intentos de intimidación contra Sol Rojo, el cual ha aumentado durante los primeros meses de 2019. La organización ha sufrido represalias por su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía cuya implementación viola sus derechos a la auto-determinación. Sol Rojo también sufre represión por su labor en el caso de Ernesto Sernas García. El abogado y defensor de derechos humanos fue desaparecido forzosamente en mayo de 2018, en relación con la defensa de 25 integrantes del Sol Rojo en un caso de criminalización.
Durante el periodo, integrantes del Sol Rojo han sufrido intentos de vigilancia y allanamientos, y reportaron que la computadora de uno de sus integrantes fue robada. En diversas ocasiones, las oficinas del Sol Rojo y de personas afiliadas a la organización han sufrifo allanamientos. El 25 de marzo de 2019 el líder comunitario de San Francisco del Mar, Bernardo Sánchez López, sufrió un ataque por tres personas no identificadas que irrumpieron en su casa y le agredieron físicamente. Poco después, el 3 de abril de 2019, la defensora de derechos humanos Rosa María Santiago recibió amenazas con relación a sus hijos.

Front Line Defenders sigue preocupada por el patrón de ataques contra las y los defensores de derechos humanos integrantes del Sol Rojo, y condena el asesinato de Luis Armando Fuentes. Según informes publicados por organizaciones locales, Oaxaca es el segundo estado más peligroso para trabajar en derechos humanos, y es responsable por casi el 60% de todos los ataques registrados contra defensoras de derechos humanos en México. Front Line Defenders expresa su preocupación por el clima de impunidad y la falta de un ambiente seguro para las personas defensoras de derechos humanos en México.

Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:
1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Luis Armando Fuentes, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de las y los integrantes del Sol Rojo, en consulta con ellas y ellos;
3. Cesar los ataques contra las y los defensores de los derechos humanos en México, especialmente en el estado de Oaxaca, y garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluido el acoso judicial