El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Costa Rica, condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.
El asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en el país. En el año 2010, también fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011, fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortes, quien días antes de asumir este cargo se habría desempeñado como fiscal contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año de 2011 cuando publicó su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la cifra de 22 jueces hondureños que señalaron encontrarse amenazados de muerte por conocer de casos delicados relacionados con el crimen organizado, grupos juveniles o pandillas.
Adicionalmente, resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras.
Al respecto, recientemente, el ex Fiscal General de la República, Luis Rubí, declaró ante el Congreso Nacional que el 80 por ciento de los homicidios cometidos en el país quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.
No obstante, el Estado de Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (…) por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos”.
“El asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia. Si no se investiga y sanciona a la totalidad de los responsables –tanto materiales como intelectuales–, el Estado estaría tolerando estos actos y con ello se intimidaría la labor independiente e imparcial de jueces y otros operadores de justicia” declaró la directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz.
CEJIL hace un llamado a las autoridades hondureñas para que asignen todos los recursos que sean necesarios con el objetivo de investigar efectivamente el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables. A la vez, instamos a las autoridades a crear un mecanismo de protección para operadores de justicia que tenga como objetivo la prevención de este tipo de hechos y la garantía plena de la independencia judicial.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés) es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional de derechos humanos.
