Por Eugenia Mata, IDEMO AC
Indudablemente que el triunfo de Gabino Cué en el pasado proceso estatal, se explica en buena medida por el repudio y hartazgo de la ciudadanía ante una de las peores administraciones que ha tenido el estado de Oaxaca, en la pasada administración de Ulises Ruiz.
Pero desafortunadamente el bono de confianza depositado en el actual gobierno se ha venido desgastando y la expectativa de un cambio sustantivo parece alejarse, debido a la mala gestión de quienes suscribieron la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, así como por la falta de contundencia de la nueva administración para demostrar que dar pasos firmes en la atención de los asuntos estratégicos.
El problema de la transición gubernamental, no solo implica cambiar, sino tener claridad de hacia dónde se pretende llegar. Sabemos que los cambios no se producen de la noche a la mañana, sobre todo cuando existen estructuras de gobierno añejas, caracterizadas por la opacidad, la corrupción, el absoluto irrespeto a los derechos humanos. Pero de igual manera, creemos que la confianza que depositó la ciudadanía con su voto, merece que se impulsen decisiones, acciones y medidas, que dan un claro mensaje de que hay voluntad de cambio y de que nunca más se repetirán las injusticias y violaciones a los DDHH que vivimos.
Tampoco se debe obviar el hecho de que quienes perdieron el gobierno, siguen atizando las contradicciones sociales con el objeto perverso de “mostrar” la incapacidad gubernamental para resolverlas. En el actual proceso electoral, se vislumbran serios nubarrones del regreso de formas de ejercer la política y ser gobierno, independientemente del signo partidario de que se trate.
Entre las graves situaciones que se siguen dando en Oaxaca, destaca:
El avance de los proyectos de minería, explotación de recursos naturales, proyectos eólicos e incremento de grandes cadenas comerciales, en manos de empresas trasnacionales, que han contado con el rechazo de la población, tanto por la falta de consulta, de información específica, de desigualdad en los tratos y compromisos hacia las comunidades, así como las amenazas o asesinatos de dirigentes, con el solapamiento de las autoridades municipales e incluso con su participación y peor aún, sin que se visualice el desarrollo y beneficio colectivo que éstas traerán a la sociedad en su conjunto.
El diseño, instrumentación y costo de obras que en algunos casos además de provenir de la administración pasada -como la Velaria del Cerro del Fortín- se insiste en no tomar la opinión de la sociedad sobre las mismas; y si bien obras como la pavimentación, el mejoramiento de las vías urbanas y carreteras son necesarias, la forma en que se operan, deja una sensación de reproducir los viejos vicios o malos manejos sobre los costos, la prolongación del tiempo para terminarlas con las consecuentes afectaciones en la población.
Un fenómeno preocupante, expresado por personal que trabaja en las diversas dependencias, es el no ejercicio de los recursos financieros tal y como están aprobados desde la fuente federal, lo que en algunos casos ha llevado a no pagar la nómina del personal y a que se tengan que operar sacrificando calidad y profundidad.
Indudablemente que un fenómeno doloroso, es el que se refiere a la violencia ejercida contra las mujeres y la continuidad de los feminicidios, sin que hasta la fecha se haya podido revertir la numeralia.
Prevalece la impunidad de quienes atentan contra los derechos humanos o la indolencia por parte de los encargados de procurar justicia, cuando las víctimas acuden a denunciar los ilícitos que han sufrido. Ha pasado ya más de un año de este nuevo gobierno y todavía los principales responsables de la represión e ingobernabilidad que vivimos en el anterior sexenio, siguen libres.
Por último, pero no menos grave, es la situación de rezago social que vive la población oaxaqueña, lo que nos ha colocado según datos del CONEVAL en 2010, dentro de los estados con mayor rezago, a la par de Guerrero y Chiapas.
Como ciudadana responsable y preocupada, pues no pertenezco a ningún partido político, me parece que la participación ciudadana abona a la construcción de una sociedad democrática y es necesario que aportemos de manera activa y propositiva para modificar el ejercicio de gobierno o las circunstancias que afectan negativamente al conjunto de la sociedad.
Entre los retos urgentes a atender están:
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El fortalecimiento de los mecanismos de información, consulta y participación de la sociedad oaxaqueña, por parte del gobierno estatal, para recoger sus opiniones y propuestas, pero también para que rinda cuentas sobre las acciones que emprende.
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La atención inmediata a todos los casos de violaciones a derechos humanos rezagados y vigentes, así como la aplicación de justicia a los culpables y la reparación del daño a las víctimas.
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Una evaluación profunda del desempeño del personal que labora en las distintas dependencias de ejecutivo, sus resultados y cumplimiento de lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que no antepongan sus intereses particulares o partidarios y actúen en función de la población a la que se deben. A la vez capacitarles para que diseñen y operen políticas con una perspectiva de DDHH, de equidad y transparencia.
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Se requiere de un legislativo que de igual manera no obedezca a sus intereses partidarios- y cumpla cabalmente con su quehacer, para sentar las bases de un verdadero Estado de derecho, lo que implicará a su vez, revertir el gran rezago y/o la ausencia de leyes que coloquen en el centro de sus enunciados, el respeto y ejercicio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad oaxaqueña.
El actual gobierno, tiene la oportunidad de re dignificar el ejercicio del poder y de reconocer al conjunto de la sociedad, pues el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, no es una mera retórica, sino una expectativa real y posible.
