- Desaparición, ataques a personas defensoras, defensa del territorio, medio ambiente, agua; derecho a la alimentación, migración, violencia contra las mujeres y estado de derecho, asignaturas abordadas.
En el marco de la visita de un grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea para América Latina (COLAC) a México, teniendo como sede la oficina de Consorcio Oaxaca; organizaciones, y familiares se reunieron con el COLAC para dar a conocer la situación actual que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; las personas en movilidad; la desaparición de personas defensoras; los derechos de mujeres y riesgos de la defensa de tierra, territorio y bienes comunes.
La reunión de trabajo se dio en el marco de la primera visita del COLAC al estado de Oaxaca, la comisión en días anteriores sostuvo reuniones con diferentes autoridades del Gobierno Federal en la Ciudad de México y del Gobierno de Oaxaca.
El grupo de trabajo del COLAC visitó México para preparar la cumbre bienal entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que será en noviembre de este año en Colombia. Mencionaron la importancia de hablar en este marco sobre los derechos humanos y en especial de reunirse con referentes de la sociedad civil en Oaxaca.
Las representaciones de las organizaciones con trayectoria de más de 30 años haciendo labor en el estado, expresaron su preocupación sobre los altos niveles de violencia, impunidad y un débil equilibrio de poderes que pone en alto riesgo el estado de derecho.
La periodista y defensora Soledad Jarquín Edgar puso sobre la mesa la preocupación sobre del uso de la violencia policiaca contra la protesta social, como por ejemplo contra las mujeres en el 8M o el 25N, señaló la presencia de grupos criminales, dividiendo el estado e infiltrando el tejido social, la falta de independencia de los órganos autónomos, la falta de equilibro del poder judicial y legislativo al estar controlados abiertamente por el poder ejecutivo estatal.
Por parte del CDHOMIN, Francis Valdivia resaltó que en Oaxaca existe tanto migración interna por desplazamiento forzado, como migración transcontinental, “A pesar de que ha disminuido la migración hacia Estados Unidos, han aumentado las solicitudes de refugio en Oaxaca.”
“Soy una de las pocas madres en este país que ha encontrado a su hija desaparecida. Sandra fué la tercera defensora desaparecida en Oaxaca y mi hija fue la 653 persona desaparecida en el sexenio actual, en el cual 805 mujeres han sido desaparecidas en Oaxaca. Solo en 2024, tras la desaparición de Sandra, se registraron 370 casos; en lo que va de 2025, ya van 86 más. Las regiones más afectadas son los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, es urgente generar condiciones para la búsqueda de las personas desaparecidas”, expresó Aracely Martínez, madre de la defensora desaparecida y víctima de feminicidio, Sandra Domínguez.
La activista Martha Ángela Santiago denunció la impunidad del Estado y la violación sistemática de sus derechos como familia y como mujeres en el contexto de la desaparición de su esposo, el defensor de derechos humanos Dr. Ernesto Sernas, en 2018.
En la reunión se habló de la política de simulación por el Estado oaxaqueño respecto a los 237 feminicidios de este sexenio, de cuales solamente se reconocen oficialmente 17-18 por ciento, expuso Flora Guitierrez de la Red de Abogadas Indígenas. Por parte de Consorcio Oaxaca, Elizabeth Mosqueda expuso las deudas que tiene el Estado en materia de acceso a derechos de las mujeres, incluyendo la garantía al aborto, e hizo el llamado al COLAC para fortalecer sinergias que permitan la participación de las organizaciones civiles feministas en espacios regionales e internacionales de discusión y toma de decisiones.
También se planteó la situación de ataques y criminalización que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el territorio. “Entre el 2018 y a la fecha al menos 58 personas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca de las cuales el 95% fueron indígenas y se relaciona con la defensa de la tierra y el territorio, es el estado con la tasa más alta de homicidios de personas defensoras. Oaxaca, junto con Guerrero y Chiapas son los estados más peligrosos para la defensa de derechos humanos, particularmente los derechos civiles-políticos y de tierra y territorio”, mencionó Marcos Leyva, director de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA.
Oaxaca vive actualmente una crisis en materia de residuos sólidos y que está ligada directamente a la contaminación del agua, pues no se cuenta con una política de manejo de residuos adecuada. Hemos visto de forma sistemática que se violenta el Derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado de comunidades, ejemplo de ello es la imposición en diversos territorios de basureros regionales o Centros de Revalorización de Residuos Sólidos. Tenemos el caso de la Agencia Vicente Guerrero de Zaachila dónde existe un alto riesgo por la presencia de agentes contaminantes en aire, suelo y agua, debido a la existencia de un basurero a cielo abierto que operó por más de 40 años a favor de la ciudad de Oaxaca, dónde 28 municipios depositaban sus desechos sin regulación, llegando a ingresar 850 toneladas de basura diarias, entre las que se mezclaban residuos biológico-infecciosos y material peligroso, pesticidas, plaguicidas, medicamentos y elementos que contenían metales pesados”, dijo Beatriz Salinas, directora de la organización Flor y Canto.
Por otro lado y con especial énfasis, Andrés Pérez de la UCIZONI planteó que “las comunidades indígenas en el Istmo viven despojo de la tierra y el territorio, sobre todo por el megaproyecto Interoceánico del Istmo de Tehuántepec y que falta la Consulta Previa, Libre e Informada”. En la región del Istmo se vive un rompimiento del tejido social y descontento de las comunidades por la privatización de tierras, lo cual va de la mano con un proceso de militarización en territorios indígenas y amenazas contra personas defensoras comunitarias.
¿De dónde va a salir el agua para estos 8 polos de desarrollo que está impulsando el gobierno federal en comunidades oaxaqueñas, donde ya no tienen agua?”, resaltó Mauricio del Villar del Foro Oaxaqueño del Agua y el OCCAMA. El activista expuso sobre un proyecto de la presa en los Valles Centrales, lo cual fue cancelado en el año 2017, y ha sido retomado por el gobierno actual de Oaxaca, a pesar de que el Observatorio Ciudadano y Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales registró que el proyecto no cumple con los estándares de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y generará varias afectaciones para diferentes comunidades, como escasez de agua en unas partes e inundaciones en otras partes. El proyecto implica diferentes riesgos, como por ejemplo fugas en la tubería, las cuales se han registrado. Sin embargo, el gobierno no ha publicado ningún plan de implementación y cómo enfrentar los riesgos.
El COLAC expresó su preocupación por la situación de la defensa de los derechos humanos y las amenazas que enfrentan las personas defensoras. El grupo de trabajo del COLAC y los representantes de la Delegación de la Unión Europea en México reforzaron la apuesta de la Unión Europea como aliada de los derechos humanos y de fortalecer el Estado de Derecho, los derechos de mujeres, de los pueblos indígenas, de personas en movilidad, y de la protección del medio ambiente.
La Comisión que visitó Oaxaca estuvo integrada por 16 miembros de diferentes países de la Unión Europea: El presidente Tomás Reyes Ortega (España), el coordinador Miguel Ramos (España), Sandra Hochstöger (Austria), Arnaud de Kerchove D’Ousselgheim (Bélgica), Eleni Kisouri (Chipre), Tomáš Pospíšil (República Checa), Marianne Peters (Dinamarca), Elsa Benzaquen-Navarro (Francia), Jan-Moritz Klein (Alemania), Peter O’Connor (Irlanda), Merijn van Bruggen (Países Bajos), Tomasz Kleczkowski (Polonia), Diogo Morais Sarmento Madureira (Portugal), Tina Grgantov (Slovenia), Désirée Hermann (Suecia), Leonhard Küntzle (Alemania); y dos representantes de la Delegación de la Unión Europea en México: Kevin O’Connell, jefe de la sección política, prensa e información y Jaime Fernández-Rúa, primer secretario.
Por parte de la sociedad civil oaxaqueña participaron: la periodista y activista Soledad Jarquín Édgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en 2018; Francis Valdivia del Centro de Investigación y Derechos Humanos (CIDHOMIN); Aracely Martínez, madre de la defensora asesinada Sandra Domínguez; la maestra y activista Martha Ángela Santiago, esposa del defensor Dr. Ernesto Sernas García, desaparecido en 2018; Javier Aluz Mancera de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo; Marcos Leyva Madrid, director de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); Flora Gutiérrez Gutiérrez de la Red de Abogadas Indígenas; Andrés Pérez Hernández de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Mauricio del Villar del Foro Oaxaqueño del Agua y del Observatorio Ciudadano y Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales (OCCAMA); Beatriz Salinas Avilés, directora de la organización Flor y Canto; Nallely Guadalupe Tello Méndez y Elizabeth Mosqueda Rivera de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca.
