Soledad Jarquín Edgar
En unos días, el 2 de junio, se cumplirán 4 años del feminicidio de mi hija María del Sol, una herida profunda que no cierra porque la justicia se nos ha negado y se nos ha obstruido sistemáticamente por parte las instituciones y servidores públicos cómplices.
Mil 460 días, 48 meses, 208 semanas, más de 35 mil horas sin la presencia de mi hija, una vida arrebatada de forma violenta, sin piedad, sin misericordia. Con su feminicidio, el 2 de junio de 2018, se terminó con la vida llena de alegría de una mujer que soñaba con un mundo mejor, indignada ante la injusticia y siempre solidaria y, al mismo tiempo, con la tranquilidad, la paz, el sosiego de toda mi familia, porque no alcanzamos a comprender lo que no tiene explicación: su feminicidio y la impunidad. La violencia contra las mujeres.
A todos esos días, tiempo largo y doloroso, se suman igual número de horas de incertidumbre, porque aún desconocemos quién o quienes ordenaron y quienes ejecutaron el triple asesinato de María del Sol, Pamela y Adelfo, y no lo sabemos por qué las instituciones públicas responsables de esas vidas no las protegieron, nos han negado la justicia, conocer la verdad histórica de esos hechos que en lo particular laceran mi corazón y mi existencia.
En estos cuatro años, con el acompañamiento de mi familia, de mis hijas, de mujeres como Bárbara García Chávez, de Sara Lovera, de mis compañeras de trabajo, periodistas y feministas, de manera especial de quienes conforman la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, de Yesica Sánchez Maya y su incansable vocación, de la sororidad de Ana María Hernández y Pilar Muriedas y el equipo legal de la organización, hemos tocado muchas puertas. Todas las puertas necesarias. Son estas mujeres las que me han sostenido, me han ayudado a estar de pie, a no estar sola y me permiten encontrar ese sentido que la vida pierde frente a la insensibilidad y deshonesta actuación del funcionariado que se empeña en obstaculizar el acceso a la justicia, convirtiéndose en cómplices de los feminicidios.
En estos cuatro años, casi mil 500 días, han conocido de nuestra exigencia de justicia, al menos 20 funcionarios públicos, tanto del gobierno del Estado de Oaxaca, como del gobierno federal, empezando por el gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos prometieron atender nuestro reclamo y que la justicia fuera una realidad. En su momento, sus palabras me llenaron de esperanza, sin embargo, al paso del tiempo se han convertido en desconfianza que hiere y lacera profundamente, pues no honraron su palabra, el caso de mi hija no es prioridad en su agenda de trabajo.
Dos fiscales generales de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, cuyo tránsito por la administración pública al frente de la Fiscalía de Oaxaca ha sido desastrosa y deleznable no solo para mí, sino para muchas familias. Es él, el todavía funcionario “reconocido” del Estado de Oaxaca, el responsable del sobreseimiento del expediente en el Tribunal de Enjuiciamiento. Bajo su mandato se saqueó la carpeta de investigación y se falsificaron pruebas, me ocultó información, se manipuló el material probatorio, se me intimidó, se me difamó, el daño provocado es terrible para la sociedad y se demostró lo habíamos advertido por mucho tiempo.
Y el actual fiscal Arturo Peimbert Calvo, a más de un año de haber sido nombrado por la 64 legislatura, y a seis meses de haber sido sobreseída la carpeta por “homicidio calificado” inició una nueva, esta vez por feminicidio, pero nada ha hecho para obtener la verdad. El caso aún está impune como hace 4 años, sin acciones duras, contundentes contra la impunidad. El triple asesinato no tiene culpables ni intelectuales ni materiales vinculados a proceso judicial.
La fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo López, quien contra viento y marea protegió a los infractores de la ley electoral y para lograrlo me excluyó como víctima indirecta. Desde hace un año, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la instancia que debe hacer que la justicia llegue en materia electoral, que nunca más estos hechos de corrupción lastimen a otras familias.
El fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien también suma a esta cadena de complicidades para no garantizar la justicia, al no realizar su trabajo y no judicializar a los responsables de prácticas de corrupción dentro de la Fiscalía encabezada por el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, contribuyendo con su inacción a la impunidad.
En tres tribunales están los hechos: el Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral, así como otras dos secretarías del Ejecutivo local: la de Finanzas, quien violentó una resolución confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la única que hizo su trabajo, al documentar los hechos de corrupción y que han esperado por largo tiempo ser dictaminados en el Tribunal de Justicia Administrativa.
También conocieron de nuestra exigencia la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, actual senadora de la República al no atender, como era la instrucción del presidente, y delegó la actuación en la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Fabiola Alanís Sámano, quien actuó para “administrar el caso”, pretendió darle largas y ninguna respuesta a la única petición que le habíamos formulado. En la última reunión me dijo ¿cuánto dinero necesitaba para pagar un abogado? Nunca entendió que el tema era romper un sistema de corrupción, complicidad e impunidad, no quisieron tocar al ex fiscal ni a los responsables que le arrebataron la vida a mi hija.
La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien tras nuestra petición nada hizo y guarda silencio; así como, al menos, dos funcionarios de la Fiscalía General de la República – Sara Irene Herrerías Guerra, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que nos maltrató y sin ni siquiera leer mi petición de facto negó la atracción del caso de manera directa en dos ocasiones y el propio Alejandro Gertz Manero– y, finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, quien como otros, después de hablar conmigo, delegó y no atendieron el reclamo de justicia.
Desde el poder Legislativo, tanto estatal como federal, incluyendo el Senado de la República, se hicieron 12 llamamientos para esclarecer los hechos del 2 de junio de 2018, tanto al Ejecutivo de Oaxaca como a las Fiscalías estatal y de la República, a esta última para que en su momento atrajera las investigaciones.
Hay al menos 20 llamados de organismos internacionales, entre ellos de diferentes agencias de la ONU, y de la sociedad civil de otros países, así como la embajada de Canadá y otra cantidad similar de organismos sociales, principalmente feministas de este país. Y una sentencia ciudadana emitida por cinco juezas, expertas mexicanas, como resultado del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca.
Cuatro años después no tenemos nada. Ha ganado esta batalla la impunidad, la protección a servidores públicos que no hicieron su trabajo con debida diligencia, los que dolosamente manipularon la carpeta de investigación, a quienes lejos de sancionarlos lo han premiado con otros puestos.
Ha nuestro paso en la búsqueda de justicia hemos encontrado omisión, corrupción y la negligencia institucional.
¡Es evidente, han fallado, han matado a las mujeres con su permisibilidad!
Y cuando el Estado Mexicano falta a su deber de otorgarnos el derecho a la verdad y la justicia, solo nos queda la denuncia internacional. De nueva cuenta se abre en mi corazón de madre la esperanza de justicia, una que le prometí a mi hija tendida en una plancha de acero, lejos de casa, en lugar dónde no debía estar, en un momento en que nada ni nadie le garantizó la vida, porque en Juchitán de Zaragoza, como en muchas partes del país, la costumbre es esa, asesinar y no tener justicia, pero para mí, esa condición es y será por siempre inaceptable.
Vamos entonces ante la ONU para presentar el caso en contra del Estado Mexicano, que reitero, agotamos recursos y tocamos todas las puertas se nos negó de manera sistemática durante cuatro años la justicia, aquí, en Oaxaca y en México ya nada tenemos que hacer.
Las fallas del Estado Mexicano no sólo provocan impunidad institucional. La injusticia deja la negación de un derecho. En toda la familia años de esperanzas rotas, promesas incumplidas, el desgaste personal, que abonan al inmenso dolor que nos deja la soledad inconmensurable por la ausencia irreparable de María del Sol.
En esa maleta, la misma que María del Sol llevaba a esa comisión a la que fue enviada de forma indebida y que, a la postre le costó la vida, me llevo lo único que nos han dejado las instituciones del poder público y político de Oaxaca y del país: Impunidad, negligencia, abuso de autoridad, complicidad y varios cientos de actos de corrupción para obstruir el único derecho de una víctima más de la violencia feminicida y el feminicidio en México: la justicia y la verdad.
En este nuevo camino que emprenderé en unos días, la esperanza es que su crimen no sea una cifra más del atroz quebrantamiento del estado de derecho que supura la piel de México, un país donde las mujeres merecemos vivir sin violencia machista y mucho menos con violencia de las instituciones.
¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE HAGA COSTUMBRE! es la esperanza para mi hija y para todas las víctimas de feminicidio.
¡Justicia para Sol es Justicia para Todas!
Oaxaca de Juárez a 31 de mayo del 2022.
