Expertos en derechos humanos de la ONU* han condenado la falta de avances significativos en la investigación de la desaparición del abogado y defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García en el estado de Oaxaca, en el sur de México, a un año de estar desaparecido.
En el momento de su desaparición, Sernas García era el abogado defensor de 23 miembros de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, acusados de terrorismo y otros delitos relacionados con su participación en manifestaciones pacíficas en junio de 2015 contra la reforma al sistema educativo aprobada en 2013.
«Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Ernesto Sernas García, la situación es desesperada para quienes él defendió y quienes trabajaron con él», dijeron los expertos de la ONU.
El grupo representado por Ernesto Sernas ha sido absuelto, pero Corriente del Pueblo Sol Rojo sigue siendo el blanco. El último ejemplo de intentos de intimidación y ataques contra miembros de la organización es el asesinato del defensor de los derechos de los indígenas Luis Armando Fuentes. Fue asesinado a tiros el 11 de abril por un grupo de hombres desconocidos en San Francisco de Ixhuatán, Oaxaca.
Los expertos de la ONU dijeron que «el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de tomar de inmediato medidas que protejan de manera efectiva a los miembros de la organización Corriente de Pueblo Sol Rojo, a sus familiares y a todos los que defienden los derechos humanos en México».
Los expertos expresaron que los ataques contra la organización y sus miembros están vinculados a su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, a su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía, así como a su trabajo en relación con el caso de la desaparición forzada de Sernas García.
Los expertos pidieron a las autoridades federales que ejercieran su jurisdicción y realizaran una investigación imparcial y exhaustiva de estos casos, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales.
Instamos a las autoridades mexicanas a abordar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, en particular los impactos adversos ambientales y de derechos humanos de los megaproyectos», indicaron los expertos independientes.
Estamos observando una preocupante intensificación de la violencia contra los defensores de los derechos humanos desde principios de 2019, marcada por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 13 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018. En lo que va del 2019, al menos 14 defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados, 10 de ellos en el estado de Oaxaca.
Los expertos están en contacto con las autoridades mexicanas sobre estos temas.
(* )Las y los expertos son: el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. Bernard Duhaime (Presidente Relator), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sra. Houria Es-Slami, Sr. Luciano Hazan y Sr. Henrikas Mickevičius (integrantes) del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación;y la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
