- Suman más de 300 años de prisión y condenas injustas contra 10 personas defensoras indígenas en México
- Pablo es un defensor del bosque y líder indígena, quien durante 20 años ha luchado contra la deforestación de su comunidad, en San Isidro Aloápam, Oaxaca
La Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresa preocupación por la detención arbitraria y largas sentencias en contra de personas defensoras indígenas en México. En el documento se expone la situación específica de 10 personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México.
Se trata del defensor de los bosques Pablo López Alavez, del líder comunitario y ex Agente Municipal Comunitario del Pueblo Indígena Binniza de Puente Madera, San Blas Atempa, David Hernández Salazar, de la defensora indígena amuzga Kenia Hernández Montalván, del líder indígena Otomí y defensor de los derechos humanos de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, de Nicolás Romero, Estado de México, Tomás Martínez Mandujano. Así como del defensor de los derechos humanos y Presidente de la comunidad Nahua de San Pedro Tlalcuapan, Estado de Tlaxcala Saúl Rosales Meléndez, el defensor de los derechos humanos y campesino indígena Maya Tzotzil, Versaín Velasco García y los defensores indígenas tzeltales del municipio de San Juan Cancuc, Estado de Chiapas: Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez.
Al respecto, la Relatora Especial de la ONU subraya su especial preocupación por la situación del defensor indígena Zapoteco Pablo López Alavez, detenido desde 2010. Pablo es un defensor oaxaqueño de derechos humanos ambientales y líder indígena, quien durante 20 años ha liderado los esfuerzos de su comunidad, en San Isidro Aloápam, Oaxaca, contra la deforestación del bosque.
La carta sobre la criminalización de 10 personas defensoras de derechos humanos, fue enviada al Gobierno de México el pasado 9 de octubre de 2024 y permaneció confidencial durante 60 días, periodo mediante el cual se esperaba que el Gobierno Mexicano respondiera. No obstante, hasta el momento ello no ha ocurrido.
Cabe mencionar que el pasado 8 de noviembre, la Relatora Mary Lawlor publicó también un comunicado en cuyo marco manifestaba:“Me alarma que numerosos defensores de los derechos humanos indígenas no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que también hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o detenciones preventivas prolongadas, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor de defensa de derechos humanos”.
Asimismo, en ese documento explicaba que las sentencias combinadas de nueve de los 10 defensores totalizaron casi 300 años de prisión, mientras que el del indígena zapoteco y defensor de los bosques Pablo López Alavez, ha estado detenido durante 14 años sin sentencia.
Es importante mencionar que en el año 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas adoptó una opinión sobre su caso, en la que declaró su detención arbitraria y expresó que el activista debe ser liberado, opinión que sigue incumplida hasta la fecha.
En tanto, ayer miércoles 11 de diciembre, la Relatora de la ONU Mary Lawlor, publicó una comunicación actualizada a través de la plataforma X (antes twitter), la cual se dirigió también al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a la Secretaría de Gobierno encabezada por Jesús Romero, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO).
El documento completo está disponible en el siguiente link: https://srdefenders.org/mexico-detencion-arbitraria-criminalizacion-y-largas-penas-de-prision-contra-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos-de-los-pueblos-indigenas-comunicacion-conjunta/
