- Se abordó la soberanía alimentaria como un acto de resistencia política y subversión al sistema impuesto de los productos chatarra
En la tercera sesión del diplomado “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva”, la cual tuvo como eje rector la Soberanía Alimentaria, el Medio Ambiente y la Defensa del Territorio, las y los asistentes reflexionaron sobre el impacto y consecuencias de los productos ultraprocesados.
Hilario Paz y Magdalena Avendaño, quienes son personas productoras y promotoras de agroecología en el municipio de San Pablo Huitzo, compartieron su experiencia con la siembra y cosecha de hortalizas y verduras, que mediante redes de distribución, han logrado abonar al fortalecimiento de la economía local desde una lógica de garantía colaborativa y participativa.
En tanto, Álvaro Salgado de la Comisión Política Pedagógica del Instituto Agroecológico Latinoamericano territorial de la Vía Campesina, colocó en el centro la reflexión sobre la Soberanía Alimentaria como una capacidad que tienen los pueblos y las y los ciudadanos de determinar libremente cómo y qué tipo de alimentos producir y sobre todo de qué manera procesarlos y distribuirlos, lo cual es obligación del Estado garantizar.
En ese marco, también se abordó la soberanía alimentaria como un acto de resistencia política y subversión al sistema impuesto de los productos chatarra.
En tanto, Juan Mayorga, integrante de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hizo un planteamiento sobre los impactos que generan al medio ambiente y planteó un panorama general sobre la situación de la “Crisis Ambiental” en México y Oaxaca.
Asimismo, Ornela Garelli, integrante de Greenpeace México, abundó sobre el papel de la industria refresquera y de bienes de consumo rápido en la contaminación por plásticos, desde una mirada especialista en consumo responsable y cambio climático.
El diplomado es impulsado por organizaciones de la campaña #OaxacaSinChatarra, El Poder del Consumidor, Actúa por la salud, el IISUABJO y el ICE-UABJO, con la colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
