- Exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
- Urgieron al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez.
- Expusieron que la denominada “política pública de paz” desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente; para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
- Recalcaron la urgencia de que las acciones del Estado sean desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación
En el marco del Programa Servicio Civil para la Paz (SCP), 10 organizaciones de seis estados de México, llevaron a cabo aquí el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia” con la finalidad de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas.
El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
En su oportunidad, Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco, dio a conocer que en este Encuentro, las organizaciones manifestaron 5 principales preocupaciones. En primer lugar –sostuvo- la política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado Mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Además de la falta de mecanismos para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a los derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
La defensora expuso la preocupación generalizada por las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos, pues van 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022.
Como cuarto punto, externó la situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades. Y subrayó la disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos.
Por lo que, ante el momento histórico que vive el país, Juan Enrique Martínez Requenes, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios-Coahuila, refrendó la solidaridad y respaldo de estas 10 organizaciones a las víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno y con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas.
“Es urgente que la definición de las acciones del Estado sea desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación”, subrayó.
En representación de las 10 organizaciones, exigió al Estado Mexicano a actuar de manera contundente contra la corrupción, la impunidad y asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico; denunció que la denominada “política pública de paz” desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, pues para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Por su parte, Marcos Leyva Madrid, de Educa, A.C., subrayó que no puede existir paz si no hay justicia efectiva, ni condiciones para poder defender a las defensoras y defensores, toda vez que su labor se criminaliza, colocándoles en una situación de vulnerabilidad.
Y en ese sentido, exigió al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez, quien se encuentra preso desde hace 13 años por un crimen que o cometió.
Por su parte, Diana Lepe de Serapaz, destacó que se necesita un planteamiento de la paz en Oaxaca y en México más allá que una estrategia de seguridad que impone el uso de la fuerza; además de considerar los impactos que afectan directamente a las víctimas.
En el Encuentro estuvieron presentes representantes del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) – Oaxaca, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – Chiapas, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) – Chiapas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres – Chihuahua, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco, Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Coahuila, Aluna Acompañamiento Psicosocial – Cdmx, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) – Cdmx y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca – Oaxaca.
