Señora Presidente,
PBI y Consorcio Oaxaca saludan la presentación del informe de la Relatora.
En el contexto de la pandemia, los asesinatos y otros ataques a personas defensoras han aumentado de manera preocupante en Indonesia, Kenia, Colombia, México, Honduras y Guatemala.
Los 310 asesinatos en 2020 en Colombia, así como las acciones de inteligencia ilegal del Ejército y siguientes amenazas de muerte contra defensores como Sebastián Escobar del Ccajar, son muy preocupantes.
Entre las personas más vulnerables se encuentran quienes defienden los derechos a la tierra y al medioambiente ante megaproyectos, como el abogado indonesio Golfrid Siregar, encontrado muerto en 2019 tras su lucha contra un proyecto hidroeléctrico.
Lamentamos la impunidad casi total de los asesinatos, que ampara a los autores intelectuales, como en el caso Berta Cáceres. Preocupa que la respuesta común de estos estados sea la militarización de los territorios.
Los asesinatos se producen a menudo tras campañas de difamaciones, amenazas y criminalización, como en el caso de Arnold Morazán criminalizado por su resistencia en Guapinol, Honduras. Preocupan la particular vulnerabilidad e impactos diferenciados de estos ataques en las mujeres defensoras.
Lamentamos la eliminación del fideicomiso para el Mecanismo de protección en México, así como la falta de avances en la implementación de una política pública efectiva de protección concertada con la sociedad civil en Colombia y Guatemala.
Urge que los estados implementen medidas de prevención y protección integral, con un enfoque diferencial y colectivo y lleven a juicio a los autores de las agresiones.
Participación en el 01:19:35
