6 de julio. En los cincos años que lleva gobernando Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca, 388 mujeres han sido asesinadas. La crisis institucional, la falta de políticas encaminadas a investigar estos casos como feminicidios y la latente impunidad han llevado tanto a la entidad como al país a una crisis constitucional en el tema de la violencia contra las mujeres, que ha sido invisibilizada debido a la crudeza y profundización de la violencia en México, manifestó Ana María Hernández, de la asociación Consorcio Oaxaca.
“Las instituciones no están funcionando ni con eficacia ni con oportunidad para proteger a las mujeres. Esto es muy claro en varios de los casos en los cuales las mujeres habían pedido previamente protección y recurrieron a la autoridad y después fueron asesinadas. Un caso así, ocurrió en la mazateca donde el Estado no pudo sacar a la mujer y a sus hijos de la espiral de la violencia”, explicó Hernández.
Para la defensora, la impunidad latente genera un mensaje muy poderoso a la sociedad y sobre todo a los hombres agresores, que pueden seguir violentando a las mujeres sin ser castigados. “Un caso muy preocupante en Oaxaca, es el aumento de la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes, las jóvenes están expuestas e involucradas en un patrón de violencia en el noviazgo y los jóvenes, reproducen los modelos que ven en sus casas y en la sociedad misma que refuerza esos tipos de dominación”, refirió Hernández.
“No podemos hablar de un sólo factor, si no que es una sumatoria de causas. Una muy importante es que vivimos en una sociedad profundamente patriarcal y machista y en el caso de Oaxaca, esto se expresa en todas las relaciones cotidianas”, expresó Ana María Hernández, y agregó que muchas de las mujeres que denuncian una agresión, ya han sido violentadas de manera sistemática.
No obstante, cuando deciden denunciar se encuentran con una institución plagada de otras sumas de violencias hacia ellas, como la indiferencia, la falta de credibilidad en su palabra, lo tardío en los procedimientos, la multiplicidad de documentos que les exigen y el poco beneficio que ven para su protección, detalló Hernández.
Alerta de Género
El mecanismo de Alerta de Género, que en sus orígenes era un instrumento para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no ha sido un mecanismo eficaz porque se ha partirizado, incluso el tema de la violencia de género. “Las mujeres como en muchos temas, somos botín de guerra y moneda de cambio”, subrayó la defensora, pues en más de 10 entidades, diversas organizaciones han solicitado a los gobiernos que emitan la Alerta de Género, pero estos se han negado.
“Los estados que han solicitado la Alerta de Género, han presentado una violencia sistemática contra las mujeres y los gobiernos no han ejecutado las políticas necesarias para erradicarla”, señaló la abogada y explicó en entrevista con Desinformémonos, que éste mecanismo implica que los gobiernos redoblen los esfuerzos, aumenten el presupuesto para los programas de prevención e investigación de los feminicidios y estos no lo hacen porque además conlleva a un señalamiento de incapacidad de sus políticas en las entidades que gobiernan.
“En el Estado de México, el aumento de los feminicidios es alarmante, pero el gobernador Eruviel Ávila Villegas, dijo que tiene cosas más importantes que hacer y que los feminicidios no son prioritarios”, mencionó la defensora.
El Observatorio Nacional Ciudadano, documentó que entre el 2012 y 2013, de los 3.892 feminicidios registrados en todo el país, tan sólo 613 están siendo investigados como tal. En Oaxaca, de los 388 feminicidios en este sexenio, ninguno ha sido sentenciado como tal. “Desde que se aprobó el tipo penal de feminicidios el protocolo señala que cualquier muerte violenta de un mujer tiene que presumirse como feminicidio y en el transcurso de las investigaciones, se descartará de que sea, pero esto no ha ocurrido como debiera, porque en la mayoría de los casos las investigaciones se han levantado como homicidio y el tratamiento que hacen los Ministerios Públicos, no han sido tan rigurosos como para integrarse la averiguación previa como un posible feminicidio”, evidenció María Hernández.
Un feminicidio se ha nombrado jurídicamente a la privación de la vida de una mujer por razones de género; por ejemplo, cuando la víctima sufrió por parte del victimario violencia antes de ser privada de la vida; que la victima haya estado desaparecida o retenida por parte del victimario antes de asesinarla; si hay violencia sexual; si el cuerpo de la victima presenta rastros de tortura antes o después de haberla privado de la vida y cuando existen antecedentes de amenazas por parte del victimario.
Lo que ocurre en Oaxaca, señaló Ana María Hernández, es una realidad en todo el país, desde hace algunos meses más de 10 entidades como Morelos, Chiapas, Veracruz, Colima y el Estado de México, han solicitado a los gobiernos estatales que emitan la Alerta de Género, no sólo ante el aumento de las cifras, también por la crueldad con que se han cometido, que evidencia a un país con una crisis social y política.
Fuente: Desinformémonos
