El Comité por una Maternidad Sin Riesgos en Oaxaca, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMS), y el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), exhortaron a la Secretaría de Salud federal (Ss) a realizar una evaluación exhaustiva del desempeño de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tras violarse los Derechos Humanos de una mujer mazateca, a quien se le negó atención médica durante el parto.
Lo anterior luego de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en donde una indígena mazateca dio a luz en condiciones violatorias a los derechos humanos.
En conferencia de prensa realizada este mediodía en Oaxaca, las organizaciones civiles denunciaron que no es el primer caso que se presenta en el Centro de Salud del municipio oaxaqueño de San Felipe Jalapa de Díaz, ya que al menos públicamente se conocen tres situaciones en los que otras mujeres dejaron de recibir atención médica al igual que Irma, quien acudió el pasado 2 de octubre a esa unidad para atender su parto y ante la falta de personal médico dio a luz en el jardín.
En su pronunciamiento, las activistas acusaron al personal de salud de discriminar a la mujer, originaria del mismo municipio, por su condición de pobreza y por ser indígena.
Llamaron a restituir el daño a Irma y su familia a través de la indemnización por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca; la rehabilitación de esta mujer y su hijo; así como garantías de no repetición.
“Este es un caso paradigmático de violación a los derechos por parte de los servicios de salud contra una mujer, fundada en la discriminación por género, por condición de pobreza y por etnicidad”, señaló el Matías Saxes, integrante del Comité Promotor por una Maternidad Segura, quien leyó el posicionamiento de condena respaldado por 78 organizaciones y 167 investigadores.
Durante la rueda de prensa Raffaela Schiavon Secretaria Técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura, Paola María Sesia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Guadalupe Ramírez del Observatorio de Mortalidad Materna en México, exigieron hacer públicos los resultados de las investigaciones que por su parte realiza la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la que demandan realice la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
Las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos advirtieron que “es necesario pasar del discurso a los hechos” en materia de cobertura universal de salud, ya que las clínicas y hospitales operan sin personal suficiente, sin traductores y carecen de medicamentos, insumos y equipo necesario para que las y los médicos realicen su labor y atiendan a las mujeres que lo requieran.
Asimismo, lamentaron las declaraciones de Germán Tenorio Vasconcelos, secretario de Salud de Oaxaca, quien responsabilizó a Irma de los hechos “porque no entendió las indicaciones del personal médico”.
Las activistas también celebraron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que esperan logre la restitución del daño para Irma a través de una indemnización por parte de los SSO, la rehabilitación que requieran ella y su hijo, así como garantías de no repetición.
El estudio “Nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de partos”, realizado por el CPMS, en el que se encuestaron a mujeres indígenas oaxaqueñas, da cuenta de que –por ejemplo– se les niega el consumo de líquidos o que estén acompañadas cuando lo necesitan.
Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el promedio de mortalidad materna (MM) indígena en México supera los 80 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, el doble que el promedio nacional, que es de 43 fallecimientos.
