El Instituto Nacional de las Mujeres se pronunció porque cada entidad federativa tenga un mecanismo estatal de protección de quienes se dedican a defender los derechos humanos de esa población.
Durante la primera reunión del Movimiento de Mujeres de Chihuahua con el tema «Seguridad y autocuidado de las defensoras de los derechos humanos», el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, explicó que si se tuviera este mecanismo estatal se garantizaría la inmediatez en la intervención.
Recordó que cuando existe un acto de violencia contra una defensora o defensor de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación es la instancia responsable de recibir las solicitudes de protección para dichas personas.
El funcionario federal dejó en claro cinco puntos: defender los derechos humanos es un derecho individual o colectivo; proteger los derechos humanos de las defensoras es una responsabilidad del Estado; la mejor fórmula es la prevención y el autocuidado; las defensoras de derechos humanos tienen derecho a ser protegidas por el Estado; y, el Estado tiene la obligación de protegerlas y de mandar un mensaje muy claro a todos los actores políticos, sociales y de todos los rubros del país, de que las organizaciones dedicadas a las defensa de los derechos humanos no permanecerán bajo indefensión.
En la ciudad de Chihuahua, Navarrete Gutiérrez advirtió que en todo el país se vive una cultura patriarcal, machista y misógina que debe transformarse por relaciones de respeto a los derechos y dignidad de las mujeres.
Apuntó que el feminismo no es sinónimo de machismo, ya que éste último se construye a partir de una ideología que supone la superioridad del hombre frente a las mujeres, mientras que el feminismo es un movimiento que busca reivindicar los derechos entre mujeres y hombres e instaurar la igualdad de derechos como un bien colectivo.
Sin embargo, lamentó, el feminismo se ha utilizado como antagónico de machismo con la única intención de deslegitimar al movimiento de mujeres.
Por otra parte, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres aseguró que se equivocan quienes ven en el Movimiento de Mujeres de Chihuahua un riesgo político para las instituciones del estado, ya que éste contribuye con su trabajo a la democracia de la sociedad y a la civilidad en un entorno político como el actual.
El Inmujeres, dijo, trabaja para cumplir las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto de pasar de las palabras a los hechos en materia de derechos humanos de las mujeres.
El gobierno de la República, concluyó, está en deuda con las mujeres de Chihuahua: «por el dolor y sufrimiento de las mujeres tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia; tenemos el concepto de feminicidio que se ha tipificado en casi todo el país, se han creado instituciones especializadas para atender a las mujeres y se han aprobado presupuestos específicos para ellas; no obstante, todavía quedan pendientes muchas más acciones para saldar esta deuda histórica con más de la mitad de la población del país».
