El Informe contenido en estas páginas, elaborado por CIMAC, es el primero que se realiza sobre la violencia vivida por mujeres periodistas en México en el ámbito de su actividad como comunicadoras. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se trata de las modalidades de violencia laboral y docente y de violencia feminicida. Abarca diversos tipos: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial.
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*La documentación y el registro de violencias contra las periodistas, da voz y visibiliza la condición de ser mujer en su trabajo profesional
*Desnaturalizar el acoso y hostigamiento sexual como «un riesgo profesional» de las periodistas para nombrarlo como la violencia que es y que inhibe la libertad de expresión de la reportera y con ello el derecho a la información de la sociedad
*Periodistas y comunicadoras, organizaciones y redes feministas se han dado a la tarea de visibilizar la violencia contra las periodistas, registrarla, explicar su complejidad de género y proponer medidas de prevención, atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual como «un riesgo profesional» de las periodistas para nombrar dicha violencia
«La mayor parte de los reportes, incluso de organizaciones que denuncian la violencia contra periodistas, no incluye a las periodistas o sólo lo hace para indicar cuántas mujeres y cuántos hombres han sido violentados, sin profundizar en las diferencias de género entre ambos hechos sólo aparentemente semejantes y sin reconocer la especificidad de las violencias contra las periodistas. En general el reconocimiento, el conteo, la denuncia, la demanda de seguridad e incluso las medidas de protección que se han ido creando, están pensadas para periodistas hombres. Las mujeres, como en otros ámbitos de la vida social, son subsumidas en el hombre o en los hombres, los ciudadanos, los contribuyentes, los políticos, los periodistas.»
En esta denuncia y diferencia, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (Cimac), realizó el Informe diagnóstico sobre Violencia contra mujeres periodistas, 2010-2011, bajo la asesoría de Marcela Lagarde y de los Ríos y el análisis e investigación de Yunuhen Rangel Medina y Cirenia Celestino Ortega.
En este documento, único en su tipo, se presenta en cinco capítulos la condición particular de las periodistas desde la perspectiva de género y la libertad de expresión, reseña cómo fueron incorporando a las periodistas en la «lista negra», analiza la violencia durante 2010 y presenta el caso de la violencia en Veracruz durante 2011 contra las periodistas.
De los puntos más relevantes y alarmantes que reseña este Informe es que de los 38 casos registrados en 2010 contra las periodistas, en todos los casos el tipo de violencia fue tanto física como psicológica, en dos de éstos feminicida, en uno se agregó la violencia patrimonial y en otro más la violencia fue también sexual.
Este escenario adverso sumó ante la denuncia el descrédito, la difamación, la calumnia y el cuestionamiento sobre la vida personal de las periodistas.
De las entidades federativas que presentaron mayor recurrencia están Chihuahua, Jalisco y Oaxaca, con cinco, seis y siete casos registrados respectivamente, que suman el 47% del total de denuncias (39).
El rango de edad de las denunciantes está entre los 30 y 35 años, en segundo lugar de 40 a 44 años y las menos entre los 20 y 25 años.
Respecto de los cargos que desempeñaban las periodistas violentadas en su mayoría eran reporteras (29), luego freelance (4), conductoras (2), corresponsal (1) y directora (1).
El medio en el que se desempeñaban al momento de la agresión, 20 trabajaban en periódico, 5 en radio, 4 en televisión, 4 en medio digital y 3 en revista.
De las fuentes que cubrían estas periodistas, destaca la de política/seguridad, pues 30 de ellas estaban a éstas.
El 2011 respecto del 2010 confirma este perfil de violencia de gremio y de género. Cimac reporta que entidades como el Distrito Federal, Tamaulipas y Quintana Roo se abren paso en esta estadística vergonzosa y denuncia «La documentación de 31 casos en 2011 nos permite caracterizar no sólo a las víctimas y agresores, sino a la misma violencia que se comete con más saña, es decir, el hecho violento se presenta acompañado de otras modalidades de violencia. Feminicidio más huella de tortura, violencia física y sexual, amenazas permanentes contra la periodista y su familia y/o colegas, censura y difamación de la vida personal y exhibición de su cuerpo.»
Con la contundencia de las cifras, los datos y testimonios, este valioso Informe diagnóstico sobre Violencia contra mujeres periodistas, 2010-2011, concluye, alerta y confirma que es urgente reconocer la violencia de género que sufren las periodistas, sumadas a la violencia misma contra la actividad periodística y lo que representa. Denunciar, señalar, diferenciar y difundir este elemento agregado de la censura y violencia contra las periodistas favorece el reconocimiento y garantías urgentes y necesarias que el Estado debe dar a la libertad de expresión en nuestro país, que lo ubica entre los 13 países con más alto índice de impunidad contra ésta y que desde hace una década ha caminado en los índices de violencia e impunidad, casos que se agravan respecto de su población o grupo más vulnerable, entre éstos el de las periodistas.
