En unos meses el gobierno mexicano deberá responder las severas acusaciones de un grupo de activistas que demanda al Estado por permitir que a las mujeres se les viole sexualmente, se les desaparezca y se les asesine.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó en febrero pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que sustenta que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género en México.
Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó a esta agencia que en el documento se hace énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las autoridades mexicanas.
La intención, acotó la activista, es que en el marco del próximo Examen Periódico Universal (EPU) se exponga ante la comunidad internacional la realidad que padecen miles de mujeres.
En octubre próximo, en Ginebra, Suiza, México deberá responder las acusaciones del OCNF, que en primer término asegura que de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976 desapariciones de mujeres en 15 estados del país.
En opinión de Estrada, las desapariciones de mujeres también deben considerarse “desapariciones forzadas”, pese a que Naciones Unidas diga que para que los casos se cataloguen con este término debe haber complicidad o participación del Estado.
La explicación del OCNF es que aunque no se puede comprobar que las autoridades estén involucradas en las desapariciones de mujeres, sí se puede afirmar que son omisas al no hacer nada para protegerlas o localizarlas.
Los datos recopilados por la agrupación indican que el 54 por ciento de las desapariciones se concentran en Chihuahua y el Estado de México, y que en 51 por ciento de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años de edad.
La activista mencionó que en México hay herramientas que no funcionan para proteger la vida de las mexicanas, por ejemplo la Alerta Amber, un sistema de búsqueda inmediata que en caso de jóvenes de 18 años o más no se puede activar.
Por otro lado, dijo, los protocolos de búsqueda no siempre resultan eficientes porque no garantizan la vinculación entre autoridades como las secretarías de Seguridad Pública y las procuradurías de Justicia estatales, en caso de ser necesario.
Un elemento más es que en muchos casos el personal judicial que toma la denuncia o reporte de desaparición de una mujer alega que la víctima en realidad está ausente, como si ella se fuera por propia voluntad o se hubiera perdido porque no sabe dónde está su casa.
Estrada apuntó que es necesario que los operadores de justicia consideren que muchas de estas desapariciones de mujeres jóvenes –que no son ausencias o extravíos– pueden estar ligadas a la trata de personas.
DEFICIENCIAS JUDICIALES
Otro tema que para el OCNF debe ser objeto de escrutinio internacional son los asesinatos de mujeres por razones de género, ola de violencia que de 2007 a junio de 2012 dejó 4 mil 112 víctimas en 13 estados del país.
Estrada explicó que una forma de evitar que se pierda la vida de más mujeres es la tipificación del feminicidio. No obstante, criticó que en los estados donde el delito está tipificado las autoridades no consignan los asesinatos de mujeres como feminicidio, sino como homicidios, lo que resta importancia al tema y baja los registros de incidencia de este crimen.
Otro problema, abundó la abogada, es que cada entidad tiene una definición distinta del delito y en algunos casos es tan complicada que es muy difícil acreditarlo.
Para Estrada el resultado de estas deficiencias es que cada día se tiene noticia de una mujer asesinada a golpes, con armas punzocortantes o asfixiadas, sin que haya investigaciones que den con los responsables de tales crímenes.
Con todo esto, la activista dijo que aún se puede sumar un tema más de violencia de género: las violaciones sexuales. En este delito, consideró, además de la falta de acceso a la justicia tampoco se garantiza la salud de las víctimas.
El OCNF documenta que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 834 violaciones sexuales atendidas en los servicios de salud de 16 estados. Lo alarmante, detalla, es que ninguna institución reporta haber ofrecido el servicio de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con información proporcionada por las secretarías de Salud, los datos no existen o se desconoce, y sólo el Estado de México dijo haber avalado nueve interrupciones del embarazo de 2011 a 2012.
Estrada indicó que estos problemas que enfrentan las mujeres deben ser ventilados a nivel internacional, y por ello la relevancia de presentarlos ante el EPU a fin de tener recomendaciones que presionen al Estado mexicano a proteger a las mujeres.
La defensora confió en que las recomendaciones sean similares a las que emitió en julio de 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y que este año se haga un planteamiento específico sobre la ineficacia de los mecanismos de protección para las mujeres.
En particular, precisó, respecto a la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo que debería servir para proteger a las mexicanas, pero que en la realidad no sirve y es necesario reformarlo, aseguró.
