El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4º constitucional y en los distintos tratados internacionales firmados por México. No obstante, esta garantía no se ve reflejada en una legislación que asegure el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
El aborto que se practica en condiciones inseguras y clandestinas representa un importante problema de salud pública en México por las graves complicaciones que afectan la salud de las mujeres. En nuestro país, la mayoría de las mujeres que se enferman o mueren por interrumpir un embarazo no deseado vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales, lo que convierte también al aborto en un grave problema de justicia social.
Exigimos que se legisle para despenalizar el aborto en todo el país y establecer así un marco normativo congruente con las disposiciones del artículo 4º constitucional. Es imperativo crear las condiciones legales que hagan posible el acceso a la salud y a la justicia para todas aquellas mujeres que por distintas circunstancias deciden interrumpir un embarazo no deseado.
La sociedad demanda que se asuma una posición racional, realista y objetiva sobre el problema del aborto legislándose en función de una política de Estado. Estamos ante una oportunidad histórica para reivindicar los derechos esenciales de millones de mujeres mexicanas. Para la ciudadanía, hacer efectivo el ejercicio de este derecho, significa un logro para alcanzar la calidad de la democracia que queremos.
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