Urgimos al congreso local a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo El embarazo forzado, una forma de esclavitud: SCJN
Prohibición del aborto, es una forma de tortura: Comité Contra la Tortura.
A todas y todos nos afecta la clandestinidad y precariedad sanitaria en la que en nuestro estado abortan las mujeres, lo que constituye un grave problema de Salud Pública, de justicia social y falta de democracia, y que perjudica principalmente a las mujeres más pobres y a las/los adolescentes.
Las mujeres somos capaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas, por tal deben ser respaldadas por el gobierno y la sociedad debe respetar. Se requiere que la maternidad sea una elección personal hecha con dignidad y alegría y no una imposición gubernamental, de la iglesia o cualquier otra.
El avance en el respeto y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres requiere de un ejercicio legislativo estatal congruente con el marco jurídico Internacional y con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); como la que señala la supremacía de los derechos de las mujeres por encima de los del concebido. Por otra parte es clara en plantear la necesidad social de proteger a las mujeres contra la discriminación por su condición social, por lo que el congreso local tiene ahora la obligación ética y política de avanzar en la homologación legislativa en materia de aborto, acorde con las reformas aprobadas por la ALDF, que garantiza que una mujer que así lo decida, pueda interrumpir su embarazo hasta la semana número doce de gestación.
Desde 1987 se conmemora el 28 de mayo, como «Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres», a propuesta de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Se inicia con el Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, acordado en 1994, con el seguimiento en la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, de Beijing; al igual que en tratados y convenciones de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y de ciudadanía. ¡Que el Estado los garantice, proteja y promueva! .En este marco, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la equidad Oaxaca, hace notar que:
De cara a esta situación el Comité contra la Tortura en su reciente periodo de sesiones reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza, Ginebra; citó en su informe sobre la nación centroamericana(Nicaragua), que la prohibición del aborto es una forma de tortura para las víctimas de agresiones sexuales ya que significa «una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas» y supone «un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión». Urgiendo al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006.
Ahora bien por cuanto hace al estado Mexicano, en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en la que validó la despenalización del aborto libremente consentido, el ministro Góngora Pimentel argumentó que el embarazo forzado implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad; además que se discrimina a la mujer en razón de su condición social porque los problemas de salud que generan los abortos afectan más a las mujeres pobres.
En este sentido, demandamos del legislativo local que cumpla con su obligación de garantizar la vida de las mujeres y su derecho a decidir. La despenalización de interrupciones voluntarias de embarazos no deseados ha sido una demanda que intenta construir ciudadanía y democracia en un estado laico. Es por ello que demandamos que el Congreso Local, lejos de cualquier dogmatismo, religión o creencia, se aboque a hacer reales y efectivos los derechos humanos de las mujeres.
Y en caso de no hacerlo así, afirmamos que las reformas en los estados son una acción política que, utilizando el poder soberano que ostentan las legislaturas locales, limita y menoscaba el derecho de las mujeres a una maternidad libremente elegida o el derecho de las mujeres a decidir no ser madres. Esto es si tomamos en cuenta que el objetivo de la CEDAW es garantizar el respeto a la dignidad humana y asegurar el pleno disfrute de los derechos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el Estado mexicano ha fallado en todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. Y esta falla no ha hecho más que agravar las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres y, peor aun, entre las mismas mujeres. Ellas, nosotras, estamos limitadas en las formas y posibilidades para decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción.
Por la libre elección de la Mujeres!
Los derechos de las mujeres no pueden convertirse en mercancía de intercambio entre Partidos Políticos!.
Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y la equidad Oaxaca.
