Stuttgart / Berlín / Bruselas, 25 de septiembre de 2017. En la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero fueron víctimas de desaparición forzada. Otras seis personas murieron y 40 resultaron gravemente heridas. El caso despertó la atención internacional y ha desencadenado una gran indignación a nivel mundial. Hasta la fecha, los autores no han sido condenados y el paradero de los 43 estudiantes sigue siendo desconocido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de su visita a México el 30 de agosto 2017 urgió al Estado mexicano a acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los 43 estudiantes. Rindió homenaje a los esfuerzos de la Procuraduría General de la Republica (PGR) para investigar el caso, pero a la vez señaló que varias de las principales líneas de investigación no fueron perseguidas de manera suficiente y deberían ser profundizadas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que publicó su segundo informe en abril de 2016, había señalado que se cometieron graves errores en la investigación del caso.
Estos abarcaron el insuficiente aseguramiento de pruebas, la defectuosa persecución penal, la ocultación de pruebas y el uso de la tortura. En su informe final, la GIEI también llamó la atención sobre graves deficiencias estructurales en el sistema de justicia penal.
La “Plataforma interactiva Ayotzinapa”[1], diseñada en base a los resultados de las investigaciones del GIEI y recientemente presentada al público, reconstruye y visualiza de manera impresionante la dimensión de la violencia y el nivel de coordinación y colusión entre agentes del estado y el crimen organizado en la noche al 27 septiembre 2014.
La adhesión del gobierno mexicano a la llamada “verdad histórica”, según la cual los cuerpos de los 43 estudiantes fueron incinerados en un vertedero en Cocula, no solo es una hipótesis científicamente imposible, como ya había sido establecido por parte del equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF)[2], sino que viola el derecho a la verdad y justicia, así como la dignidad de las víctimas.
Por estas razones, la reputación de la Procuradoría General de la República (PGR) y del gobierno se ve gravemente dañada tanto a nivel nacional como internacional.
En vista de las más de 32.000 personas desaparecidas en México, organismos como la CIDH[3] y numerosas organizaciones de la sociedad civil, han recomendado adoptar la Ley General contra la Desaparición de forma urgente. La Ley debería tener en cuenta las exigencias de los familiares de los desaparecidos en lo referente a la Comisión Nacional de Búsqueda, que debería ser dotada con los recursos necesarios para su implementación efectiva.
El caso Ayotzinapa es un ejemplo de lo que miles de familias están experimentando y padeciendo día a día en la búsqueda de los desaparecidos y en el trato con las autoridades. Sin apoyo o protección estatal, están expuestos a altos riesgos y en muchos casos ellos mismos terminan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos por sus demandas de justicia. Tanto el esclarecimiento y la persecución judicial de los autores de este crimen, como las acciones del Estado mexicano para hacer frente al delito de desaparición son esenciales para la prevención de otros crímenes y tendrían un efecto de arrastre considerable para la lucha contra la impunidad y la corrupción en México.
Por lo tanto, apelamos al gobierno mexicano a:
– Rechazar públicamente la «verdad histórica» como científicamente refutada;
– Acelerar la búsqueda de los desaparecidos, impulsar de manera decisiva las investigaciones sobre la base de las recomendaciones del GIEI y llevar a los responsables ante la justicia;
– Garantizar la integridad física y mental de las familias, así como la de las personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de acompañamiento, que están expuestos a riesgos elevados en la búsqueda de los desaparecidos;
– Adoptar cuanto antes la Ley General contra la Desaparición y dotarla de los recursos financieros necesarios, así como tener en cuenta las demandas de los familiares de los desaparecidos con respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda;
– Reconocer la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de recibir y examinar comunicaciones de o a nombre de las víctimas;
– Eliminar deficiencias estructurales en el sistema de justicia penal.
Exigimos a la Unión Europea que inste a México a implementar las recomendaciones precedentes y, además:
– Abordar con claridad las deficiencias del sistema de justicia penal y ofrecer apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el marco del próximo diálogo de derechos humanos entre la UE y México previsto para el 11 de octubre 2017;
– Asegurar mediante una cláusula eficaz de derechos humanos y mecanismos institucionalizados de participación de la sociedad civil en el marco del Acuerdo Global actualmente negociado entre la UE y México que los derechos humanos sean respectados, protegidos y garantizados;
– Exigir al gobierno mexicano que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de los casos de espionaje contra miembros del GIEI, abogados y otras personas afectadas en organizaciones de derechos humanos, así como periodistas.
Contacto:
World Organisation Against Torture (OMCT)Miguel Martín Zumalacárregui, E-Mail: mmz@omct.org, fon: (+32) 2 218 37 19 / (+41) 22 809 49 24
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Carola Hausotter, E-Mail: mexmrkoordination@gmx.de; fon: +49 – (0)711 – 57 64 68 79
Acción solidaria de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, disponible en:
www.facebook.com/DeutscheMenschenrechtskoordinationMexiko
[1] Plataforma Ayotzinapa. Un proyecto de Forensic Architecture (Londres) en colaboración con el Centro Prodh, EAAF y el MUAC para las familias de los desaparecidos: www.plataforma-ayotzinapa.org
[2] http://www.eaaf.org/files/boletin-eaaf—9-de-febrero-de-2016.pdf
[3] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/130.asp
