- La iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
- La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
Asimismo, coincidieron en la necesidad de concretar un espacio común para seguir difundiendo el escenario de agresiones y criminalización de personas defensoras y periodistas e impulsar un foro amplio de discusión y denuncia en la materia.
En este Conversatorio, se compartieron diversas opiniones sobre la Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de defender los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yesica Sánchez Maya, recordó que en agosto del año pasado, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron al Congreso del Estado una iniciativa de reformas a cinco ordenamientos jurídicos locales, dirigidas a garantizar y proteger la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Oaxaca.
La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
Asimismo, Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para Una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., explicó que esta iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
La iniciativa, respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, a la que ahora se suman integrantes del gremio periodístico, busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
En ese contexto, las organizaciones hicieron hincapié en la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado, que han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos.
En sus intervenciones, representantes de organizaciones y periodistas coincidieron en la existencia de un escenario de impunidad en el marco de los primeros meses de la nueva administración de Salomón Jara Cruz y la estrategia del Estado de dividir las diversas expresiones de oposición y solapar la impunidad.
También se compartió que tan solo del año 2018 a la fecha, 184 periodistas han sido víctimas de agresiones.
Las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 legislatura en la materia.
Cabe destacar que esta iniciativa de reformas legales es respaldada por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
