18 de junio 2021. El día de ayer se llevó a cabo la presentación virtual en el estado de Oaxaca del informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia de COVID-19”, en el marco del Ciclo de Conversatorios organizado por el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Consorcio Oaxaca, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Red Nacional de Defensoras y Frontline Defenders.
Durante el evento Guillermo Rodríguez de la Organización Centro para la Justicia y el Derecho Internacional destacó que las condiciones de riesgo para personas defensoras y periodistas se han agravado en particular en el estado de Oaxaca en el contexto de emergencia sanitaria. Se ha documentado un recrudecimiento de la violencia feminicida y la incapacidad de respuesta a esta situación por parte de las instituciones responsables, se suspendieron recursos judiciales y demás herramientas para la defensa de la tierra y el territorio, pero los megaproyectos continuaron; se incrementaron también abusos policiales con al menos cuatro casos documentados en Oaxaca durante los primeros meses de la pandemia.
Yesíca Sánchez de la organización Consorcio Oaxaca, puso énfasis en la impunidad que existe en los casos de delitos cometidos contra personas defensoras en Oaxaca, así como en los casos de criminalización como el de Pablo López Alavez, quien lleva más de 10 años privado arbitrariamente de la libertad. Estas situaciones se agravaron durante la pandemia frente a la suspensión de plazos judiciales. Señaló también la vulnerabilidad específica en la que se encuentran las mujeres defensoras quienes enfrentan riesgos diferenciados mismos que también se profundizaron en el contexto de la Covid-19 al ahondar las desigualdades, incrementarse enfermedades e impactos emocionales. Finalmente, enfatizó la urgencia de contar con presupuestos etiquetados para la protección, acompañamiento y garantías para las personas defensoras en Oaxaca, así como de garantizar rendición de cuentas por parte de instancias responsables ante el Congreso del Estado de Oaxaca.
Soledad Jarquín, periodista, compartió a su vez la impunidad que existe en el caso del feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín y el papel de encubrimiento que ha jugado la Fiscalía del Estado en este sentido. Esta situación se agravó todavía más en la situación de la covid-19 con la suspensión y posterior retraso de los plazos judiciales que a la fecha dejan el caso en la total impunidad. Lo anterior, ha conllevado a procesos de revictimización y de mayores impedimentos para el acceso a la verdad, justicia y reparación de violaciones a derechos humanos, en el caso concreto del feminicidio de su hija.
Neftalí Reyes de la organización EDUCA señaló que tienen documentado al menos 50 personas defensoras asesinadas en el actual sexenio del Gobierno Federal, de las cuales 11 de ellas pertenecen al estado de Oaxaca, sin que existan avances en las investigaciones, tal como es el caso de los cinco defensores asesinados durante el 2021 en la comunidad del Paso de la Reina, mismos que a la fecha no presentan avance alguno y tampoco se ha garantizado condiciones de seguridad para las comunidades que defienden el Río Verde.
Por último, la Diputada Local Magaly López mencionó diversas acciones que impulsó en el recinto legislativo en particular dando visibilidad a casos particulares de agravios contra personas defensoras, al generar articulación con sociedad civil e impulsar diversas propuestas legislativas en materia de protección para personas defensoras y periodistas, entre las que destacó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de que la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos esté obligada a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de personas defensoras y periodistas, emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Destacó también otra propuesta que busca reformar la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con el fin de establecer un capítulo específico relacionado con la emisión de medidas cautelares, mismo que obligaría a la Defensoría a hacer análisis de riesgo.
Al finalizar las personas panelistas consideraron que la voluntad política y el reconocimiento a su labor es el gran pendiente para garantizar la defensa de derechos humanos en Oaxaca. En este contexto señalaron que es necesario fortalecer la organización comunitaria como mecanismo de autoprotección, fortalecer las redes de denuncia y de construcción de alianzas entre personas defensoras y periodistas, y el impulso de protocolos de seguridad comunitarios donde haya participación autoridades locales, agrarias y municipales, instruyendo dichos protocolos y normatividades dirigidas a todas las instituciones de gobierno que contemplen mecanismos de protección y acceso a la administración y procuración de justicia.
Para contacto de medios
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