- Organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos reunidas en los Diálogos de Protección: Cuerpo, Territorio y Soberanía, en el marco de la Juntanza Latinoamericana, alertamos sobre el grave contexto que enfrenta la región y la urgente necesidad de fortalecer la protección de quienes defienden derechos.
América Latina, 2 de julio de 2026. La realidad de nuestra región es crítica. Atravesamos una profunda reconfiguración del poder marcada por el debilitamiento y desmantelamiento de las instituciones democráticas y por el retroceso en la garantía de los derechos humanos. La convergencia de intereses entre sectores del Estado, empresas extractivas, gigantes tecnológicos y estructuras del crimen organizado ha favorecido la captura de la institucionalidad, profundizado la polarización social y reducido las condiciones para participar, sin temor a represalias, en la toma de decisiones públicas.
Las distintas expresiones del autoritarismo avanzan aceleradamente en América Latina. Como consecuencia, los consensos democráticos están más débiles, el poder se concentra cada vez más en pocas manos; el intervencionismo y la militarización se imponen sobre nuestros cuerpos y los territorios a través del uso abusivo de la fuerza y la aplicación desproporcionada de regímenes de excepción. A su vez, los Estados utilizan los marcos legales para favorecer intereses económicos y corporativos en desmedro de nuestras garantías fundamentales.
El avance de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo profundiza la conflictividad social y territorial en la región, en tanto subordina la protección de la vida, los territorios y los bienes comunes a intereses económicos de corto plazo. La expansión de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura se impone, en numerosos casos, sin garantizar el derecho individual y colectivo a la consulta previa, libre e informada ni el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas.
Esta imposición del despojo y ocupación es incompatible con las formas de organización, los sistemas propios de gobierno y las visiones de futuro con impactos diferenciados sobre mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y personas LGBTIQ+, quienes enfrentan mayores cargas de cuidado, discriminación y violencia.
En este contexto, defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en América Latina sigue siendo una actividad de alto riesgo. La región continúa como la más letal del mundo para quienes ejercen este rol. Tan solo en 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras, principalmente en Colombia, seguido de México y Brasil, de acuerdo con la organización internacional Front Line Defenders.
Las agresiones que enfrentamos evidencian un entramado de violencia que combina vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, criminalización y persecución judicial, alimentado por la impunidad con la que los Estados responden a los riesgos que enfrentamos. En lugar de garantizar nuestra protección, con frecuencia se utilizan normas e instituciones para restringir la labor de quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente y los derechos humanos. A ello se suma la proliferación de campañas de desinformación y discursos de odio, impulsados desde actores estatales, corporativos y otros grupos de poder, con impactos directos sobre nuestra seguridad, integridad y legitimidad.
Estos ataques no solo impactan nuestros cuerpos y nuestra espiritualidad, sino que también generan riesgos de pérdidas irreversibles para la biodiversidad y los bienes comunes. La contaminación de las aguas, el aire y los suelos; la deforestación; la degradación de ecosistemas; la pérdida de especies; el despojo de territorios; el desplazamiento forzado de comunidades; la afectación de los medios de vida; la ruptura de los tejidos comunitarios y culturales no solo afectan a quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y del ambiente, sino que ponen en riesgo el equilibrio ecológico y nuestro futuro como humanidad.
