Se presentó “Realidad que indigna y duele”, el nuevo reporte que exhibe el número de mujeres asesinadas y agredidas desde 2010.
La directora de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, Ana Maria Hernández Cárdenas, reportó que en los tres años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo van 302 feminicidios en la entidad.
Al divulgar el informe ciudadano Realidad que indigna y duele. Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca, realizado por un conglomerado de organizaciones no gubernamentales, refirió que en el tercer año de gobierno de Gabino Cué persiste una grave situación de violencia, discriminación y machismo que las mujeres enfrentan tanto en el ámbito público como en el privado.
A lo largo de diez años (2004-2013), de acuerdo con el informe, la violencia contra las mujeres ha cobrado la vida de 567.
La activista lamentó que durante los tres primeros años de esta administración hayan incrementado los feminicidios, a pesar del Acuerdo Estatal por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, firmado el 10 de septiembre de 2013 entre los tres poderes del estado de Oaxaca, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, medios de comunicación y partidos políticos.
Hernández Cárdenas señaló que ha sido poca la voluntad política de los poderes del Estado, “pues aún no se conoce qué acciones serán las que se llevarán a cabo para enfrentar esta situación que a la fecha ya ha cobrado la vida de 302 mujeres en Oaxaca¨.
La activista lanzó un llamado urgente al Estado Mexicano a cumplir con su responsabilidad de garantizar todos y cada uno de los derechos humanos de mujeres y niñas y acabar con la lacerante impunidad.
“Es un llamado a sancionar socialmente cualquier tipo de violencia y actuar en favor de los derechos y la vida de las mujeres y las niñas. Es también una exigencia al Ejecutivo oaxaqueño¨, apuntó.
Frente a la violencia contra las mujeres, pidió que se destine presupuesto suficiente para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra niñas y mujeres.
Lo mismo, para el Fondo de Procuración de Justicia y de Reparación de daños a víctimas, en específico para todas las niñas, niños y familiares de víctimas del feminicidio, así como para las mujeres víctimas de violencia feminicida.
Asimismo exigió la destitución de funcionarios que tienen antecedentes de violencia contra mujeres.
Al Congreso del Estado pidió realizar la armonización legislativa de los diferentes marcos jurídicos a favor de los derechos de las niñas y mujeres. De igual forma que tipifique la violencia obstétrica y la violencia familiar, en el noviazgo como delitos y graves.