- Pese a esfuerzos, alarma nivel de impunidad; sólo se resuelve 2% de los casos
- Propone comisión especial para agresiones a defensores del medio ambiente
- Cuestiona eliminación del fideicomiso que financiaba al mecanismo de protección
Oaxaca, México, 28 de marzo de 2021.La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) consideró urgente “un compromiso firme” del gobierno mexicano para avanzar en las investigaciones e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México.
En el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en evento paralelo, Mar Saiz Avendaño, representante europea del Proyecto México de PBI, si bien reconoció la existencia de los esfuerzos de México por avanzar en ese sentido, “la impunidad persiste alcanzando niveles alarmantes del 98%”.
Ello fue expresado en el evento “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, paralelo a las sesiones de Naciones Unidas, que reunió en línea a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, con diversas organizaciones de la sociedad civil, este 11 de marzo.
El gobierno mexicano, expuso Saiz Avendaño, debería considerar la creación de una comisión de investigación específica para los ataques a personas defensoras de derechos ambientales y de tierra y territorio, teniendo en cuenta que son 70 por ciento de las 19 personas defensoras asesinadas en México durante 2020.
En el caso de los agravios a personas defensoras en México, explicó Saiz, la instalación de fiscalías especializadas y la creación de grupos independientes de investigación (como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa) han sido mecanismos capaces de avanzar en el derecho a la verdad y la justicia.
Para el logro de sus objetivos “es crucial” que esos órganos sean integrados por expertos independientes y que sus integrantes cuenten con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos mexicanas, explicó.
La propuesta de PBI se basó en el informe de Lawlor “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, en el que figura una recomendación en el sentido de “crear comisiones de investigación cuando se produzca un número sostenido o un aumento significativo de asesinatos de defensores”.
En otro tema, la representante de PBI externó su preocupación por la eliminación del fideicomiso que financia al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, “aun con una multitud de voces, de actores mexicanos e internacionales en contra de esta decisión”.
“Inevitablemente esto debilitará las capacidades del Mecanismo”, dijo; “nos preocupa que la protección de personas defensoras quede relegada y se dejen de atender necesidades urgentes”.
Explicó que los rezagos existentes pueden agravarse y el Mecanismo todavía tiene pendiente desarrollar medidas acordes a las necesidades de protección específicas de las mujeres y sus familias, y las necesidades de protección colectiva que afectan a comunidades y colectivos.
El evento fue convocado por las propias organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Front Line Defenders, Organización Mundial Contra la Tortura, Pan Para el Mundo, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON VERÓNICA SANTIAGO AL CORREO ELECTRÓNICO veronica.consorciooaxaca@gmail.com, Y EN MÉXICO AL TELÉFONO 9511099505.
PARTICIPACIÓN ÍNTEGRA DE LA SRA. MAR SAIZ AVENDAÑO, REPRESENTANTE EUROPEA DEL PROYECTO MÉXICO DE PEACE BRIGADES INTERNATIONAL, EN EL EVENTO PARALELO “HACIA LA ERRADICACIÓN DE ASESINATOS Y AMENAZAS CONTRA PERSONAS DEFENSORAS EN MÉXICO”, EN EL MARCO DEL 46º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
PBI comparte el análisis de violencia persistente contra personas defensoras en México y compartimos la valoración de la Relatora de que “el asesinato de defensores es una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás”. Así pues, coincidimos en que “los asesinatos pueden y deben evitarse.”
Con al menos 19 personas defensoras asesinadas en 2020, nos preocupa profundamente que el Gobierno Mexicano no esté cumplimiento con sus obligaciones y el deber de proteger.
Efectivamente, en México, desde 2012, existe un mecanismo de protección, que atiende a más de 1300 personas defensoras y periodistas. Sin duda, las medidas de protección otorgadas han salvado vidas. Sin embargo, el Mecanismo no siempre ha logrado activarse a tiempo para prevenir asesinatos. En este sentido, el Gobierno Mexicano debe redoblar sus esfuerzos en la protección preventiva, es decir debe fortalecer la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.
Al mismo tiempo, es preocupante que se aprobara la eliminación del fideicomiso que financia el Mecanismo, aún con una multitud de voces, de actores mexicanos e internacionales en contra de esta decisión. Inevitablemente esto debilitará las capacidades del Mecanismo. Ahora con la recuperación económica necesaria, nos preocupa que la protección de personas defensoras quede relegada y se dejen de atender necesidades urgentes. Los rezagos existentes pueden agravarse y todavía queda pendiente en desarrollar medidas acordes a las necesidades de protección específicas de las mujeres y sus familias y las necesidades de protección colectiva que afectan a comunidades y colectivos.
Muy acertadamente, La Relatora recomienda en su informe “Proteger y mejorar los mecanismos de protección”. Para conseguirlo, el Gobierno Mexicano debería redoblar esfuerzos en la implementación de las recomendaciones formuladas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo y proseguir con la hoja de ruta iniciada junto con la Oficina del Alto Comisionado.
Así mismo, la protección preventiva tiene mucha relación con la lucha contra la impunidad. La instalación de fiscalías especializadas y la creación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa) han sido mecanismos capaces de avanzar en el derecho a la verdad y la justicia. Si bien los esfuerzos, la impunidad persiste alcanzando niveles alarmantes del 98%. Urge pues, un compromiso firme del Gobierno Mexicano para avanzar en las investigaciones e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos de personas defensoras.
Para ello, quisiera resaltar la recomendación de “crear comisiones de investigación cuando se produzca un número sostenido o un aumento significativo de asesinatos de defensores”. Teniendo en cuenta que, en México, el 70% de las personas defensoras asesinadas, defendían los derechos ambientales, de tierra y territorio; el Gobierno Mexicano debería considerar esta alternativa de crear una comisión de investigación específica. Y es crucial que sean integradas por expertos independientes y que sus integrantes cuenten con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos mexicanas.
Para finalizar, quisiera agradecer a la Relatora Mary Lawlor por su informe y las recomendaciones formuladas. Ha abordado puntos clave como la protección integral y el entorno seguro de personas defensoras, dos conceptos en los que venimos trabajando mucho y que quisiéramos seguir desarrollando en alianza, con los sistemas de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.