Organizaciones internacionales y nacionales comparten experiencias y retos en materia de reparación integral del daño en México por violaciones a DH

29 de julio 2020. El día de ayer se llevó a cabo el Conversatorio “Hacia la reparación del daño para personas defensoras, víctimas de violaciones a derechos humanos en Oaxaca”[1], mismo que fue realizado en el marco de la exigencia de justicia, verdad y reparación del caso de Damián Gallardo Martínez, defensor de derechos humanos indígena, sobreviviente de detención arbitraria y tortura.

Durante el evento la Organización Mundial Contra la Tortura destacó que la reparación integral del daño para todas las víctimas debe ser una prioridad en México y en particular para personas defensoras, por el fundamental papel que desempeñan. Expresó su preocupación por los patrones de ataques sistemáticos e impunes contra personas defensoras en el país y en particular en Oaxaca.

La organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C puso énfasis en la importancia de las estrategias para avanzar hacia esta reparación integral recurriendo a instancias internacionales. Destacó el reto que significa que pese a contar con resoluciones internacionales, la reparación integral no sea automática, sobre todo a nivel estatal donde se han encontrado con falta de voluntad política como ocurre en el proceso de implementación de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de Israel Moreno Pérez, víctima de desaparición forzada en Oaxaca.

El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez compartió a través de tres casos emblemáticos los alcances y obstáculos para la reparación integral;  a nivel internacional con el caso de las Mujeres de Atenco quienes cuentan con sentencia de la Corte Interamericana;  y a nivel nacional con el caso de la sentencia de un Tribunal Administrativo resolviendo sobre el caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González y  con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Mónica Esparza.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ejemplificó como resoluciones internacionales permiten alcanzar justicia a nivel nacional; efectivamente, aún y con múltiples pendientes para el cumplimiento de sentencia, abrió la puerta para llevar ante la justicia a dos responsables de la tortura sexual en el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y de la sentencia de la Corte Interamericana en este caso.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos enfatizó la urgencia de la inclusión del enfoque psicosocial en la reparación integral, poniendo en el centro a las víctimas y los impactos diferenciados que sufren, impactos que no solo se ubican a nivel individual sino también familiar, colectivo y comunitario.

Damián Gallardo Martínez, quien estuvo preso injustamente en un penal de alta seguridad por 5 años 7 meses y liberado con resolución absolutoria; compartió su experiencia en el proceso de exigencia de justicia, verdad y reparación y alentó a otras víctimas a continuar con su labor de exigencia resaltando la importancia de la acción colectiva y de recurrir a organismos internacionales para avanzar hacia la reparación integral. Finalmente, las y los ponentes formularon una serie de recomendaciones al Estado Mexicano, Órganos Autónomos y Organismos Internacionales. Entre los principales aspectos a fortalecer destacaron la importancia de implementar mecanismos coordinados de seguimiento a todas las resoluciones tanto nacionales como internacionales garantizando la participación de la sociedad civil y de las víctimas en este proceso; hicieron interpelaciones claves a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República y Fiscalías Estatales.


[1] Disponible en: https://www.facebook.com/consorcio.oaxaca/videos/339452097073657

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