México a 24 de febrero 2021 – Mediante presentación virtual acompañada por Jesús Peña y Nira Cárdenas de la OACNUDH México, organizaciones de la sociedad civil mexicana dieron a conocer sus hallazgos en torno al feminicidio, la desaparición de mujeres y la implementación de alertas de violencia de género contra las mujeres en México.
Las siete organizaciones que convocaron el evento “Hallazgos de la sociedad civil en el marco de la evaluación del Estado Mexicano en materia de violencia de género”, presentaron sus informes, mismos que fueron enviados y revisados por el Comité CEDAW en el el marco de la evaluación del cumplimiento de cuatro recomendaciones emitidas por dicho Comité al Estado Mexicano.
Yndira Sandoval y Patricia Olamendi, en representación de la articulación nacional Nosotras Tenemos Otros Datos, enfatizaron que el Estado Mexicano no ha reconocido la gravedad del fenómeno de la violencia feminicida y expresaron preocupación frente a los impactos de los recortes presupuestales, del debilitamiento institucional y de la militarización en la situación de las mujeres.
A su vez, Edith Olivares y Dinorah Arceta de Amnistía Internacional México, sostuvieron que, si bien el feminicidio está tipificado en todos los códigos penales estatales, el tipo penal no está homologado y que la mayoría de muertes violentas de mujeres se siguen investigando como homicidios más que feminicidios. Instaron a priorizar políticas encaminadas a la prevención y atención a las víctimas de violencia feminicida, así como a garantizar recursos suficientes para llevar a cabo las investigaciones de este delito.
Por su parte Yésica Sánchez Maya, de la organización Consorcio Oaxaca dio a conocer la simulación que existe en el estado de Oaxaca en materia de investigación del feminicidio y de política pública de género. Enfatizó la falta de transparencia que existe en el ejercicio de recursos lo que se ilustra por ejemplo en una asignación del 11.7% del presupuesto para la política de igualdad de género, pero en la práctica, con instancias responsables de la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres con presupuesto limitado o nulo, así como los retos en la tipificación del feminicidio a nivel nacional y la implementación de los protocolos de investigación si no hay presupuesto asignado que corresponda a la gravedad de la situación en el país.
A su vez, Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, alertó frente a la epidemia de desapariciones de niñas y adolescentes que existe en el país, así como frente a la ineficiencia de la Alerta Amber misma que no constituye un protocolo de búsqueda, sino que un mecanismo de difusión insuficiente para atender la gravedad de la problemática.
Sobre la desaparición de mujeres, Arely Varela Baltier de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, alertó sobre la falta de aplicación del Protocolo Alba, mismo que constituye la herramienta especializada de búsqueda. Enfatizó que 9 estados no lo han implementado y que en los estados donde sí se ha aplicado, no ha sido de forma homogénea. Recalcó los obstáculos burocráticos que impiden una activación inmediata del Protocolo y redundan en este sentido en su ineficiencia.
En relación al mecanismo de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), Ana Yeli Pérez en representación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reconoció que este mecanismo ha permitido avanzar hacia la construcción de políticas públicas para la erradicación de la violencia. Sin embargo, destacó que las alertas siguen siendo muy generales y poco adecuadas a problemáticas específicas. Instó a la elaboración de un mecanismo de seguimiento que priorice las acciones a nivel federal, estatal y municipal, que cuente con indicadores, presupuestos y plazos, y que garantice la participación de la sociedad civil.
Finalmente, Adriana Fuentes Manzo de Equifonia – Colectivo por la Ciudadanía Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., organización que acompaña el caso de Pilar Argüello Trujillo, mismo que cuenta con una comunicación del Comité CEDAW, informó que no existe mecanismo interinstitucional para el cumplimiento de dicha comunicación y que no se habla todavía de un plazo razonable para la investigación de este caso. Alertó asimismo frente a la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio en el país.
Concluyeron el evento resaltando la importancia de generar mecanismos que permitan contar con respuestas articuladas de todas las instancias responsables de garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres desde lo federal hasta lo local, tomando en cuenta los contextos diferenciados en las diversas entidades del país.
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Información adicional sobre el proceso de evaluación del Estado Mexicano por parte del Comité CEDAW e Informes Sombra de la sociedad civil disponibles en la página oficial de la CEDAW:
Consulta nuestro informe en https://consorciooaxaca.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Sombra-CEDAW2021.pdf