El 11 de abril de 2019, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo por parte de personas no identificadas en una emboscada en San Francisco Ixhuatán. El ataque contra el defensor de derechos humanos es el más reciente en una serie de asesinatos, desapariciones forzadas e intimidaciones contra líderes indígenas en Oaxaca.
Luis Armando Fuentes fue un defensor de derechos humanos indígena e integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra ydel Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra. Trabajó en temas de derechos humanos relacionados con el desarrollo comunitario, la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales con respecto a la corrupción y promovió el derecho a la autodeterminación en los municipios de Istmo de Tehuantepec.
El 11 de abril de 2019, alrededor de las 7 pm, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, mientras iba en camino a la comunidad de Cerro Grande. Antes de su asesinato, Luis Armando Fuentes informó haber sido amenazado en varias ocasiones por autoridades locales en diferentes municipios y también por autoridades federales de la Comisión Federal de Electricidad. Las amenazas se hicieron en relación con su trabajo de derechos humanos, especialmente vinculado con la oposición de las políticas de desarrollo del gobierno, que ponen en riesgo los derechos indígenas a la libre determinación.
El asesinato de Luis Armando Fuentes ocurrió en el contexto de una nueva ola de ataques e intentos de intimidación contra Sol Rojo, el cual ha aumentado durante los primeros meses de 2019. La organización ha sufrido represalias por su resistencia pacífica contra los megaproyectos de minería y energía cuya implementación viola sus derechos a la auto-determinación. Sol Rojo también sufre represión por su labor en el caso de Ernesto Sernas García. El abogado y defensor de derechos humanos fue desaparecido forzosamente en mayo de 2018, en relación con la defensa de 25 integrantes del Sol Rojo en un caso de criminalización.
Durante el periodo, integrantes del Sol Rojo han sufrido intentos de vigilancia y allanamientos, y reportaron que la computadora de uno de sus integrantes fue robada. En diversas ocasiones, las oficinas del Sol Rojo y de personas afiliadas a la organización han sufrifo allanamientos. El 25 de marzo de 2019 el líder comunitario de San Francisco del Mar, Bernardo Sánchez López, sufrió un ataque por tres personas no identificadas que irrumpieron en su casa y le agredieron físicamente. Poco después, el 3 de abril de 2019, la defensora de derechos humanos Rosa María Santiago recibió amenazas con relación a sus hijos.
Front Line Defenders sigue preocupada por el patrón de ataques contra las y los defensores de derechos humanos integrantes del Sol Rojo, y condena el asesinato de Luis Armando Fuentes. Según informes publicados por organizaciones locales, Oaxaca es el segundo estado más peligroso para trabajar en derechos humanos, y es responsable por casi el 60% de todos los ataques registrados contra defensoras de derechos humanos en México. Front Line Defenders expresa su preocupación por el clima de impunidad y la falta de un ambiente seguro para las personas defensoras de derechos humanos en México.
Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:
1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Luis Armando Fuentes, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de las y los integrantes del Sol Rojo, en consulta con ellas y ellos;
3. Cesar los ataques contra las y los defensores de los derechos humanos en México, especialmente en el estado de Oaxaca, y garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluido el acoso judicial