En la noche del 14 de Julio de 2016, las defensoras de derechos humanos Sra Adriana Linares Arroyo y Sra Rubí Cortés Salazar fueron perseguidas por un vehículo mientras salían de la ciudad de Oaxaca en dirección a Tlaxiaco. Anteriormente, cuando estaban subiéndose a su carro, notaron que un hombre desconocido vestido de civil tomó fotos de ellas y de la placa del carro que abordaron.
Rubí Cortés Salazar es una defensora de derechos humanos Mixteca e integrante de la Alianza Multicultural de Mujeres Originarias y Radicadas en Tlaxiaco (AMMOR). En el Sector 01 de Tlaxiaco, es Presidenta del Comité de Defensa de la Educación Pública y ha tenido un rol crucial movilizando a madres y padres de familia en la lucha para el acceso y las condiciones de la educación de niñas y niños. Adriana Linares Arroyo es una defensora de derechos humanos indígena mixteca y es Coordinadora General de la Coordinadora Estatal de madres, padres de familia y tutores en defensa de la educación laica y gratuita.
El 14 de Julio de 2016 a las 20h30, las defensoras de derechos humanos Adriana Linares Arroyo y Rubí Cortés Salazar estaban abordando su vehículo estacionado afuera del Hotel del Magisterio Oaxaqueño cuando un desconocido vestido de civil empezó a tomarles fotos a ellas y a la placa de su carro. Las defensoras estaban acompañadas por tres profesores Mixtecos. Cuando empezaron a desplazarse rumbo a Tlaxiaco, las defensoras notaron que un vehículo de color azul oscuro les estaba siguiendo. El carro continuó siguiéndolas hasta el crucero de Viguera, donde decidieron regresar al centro de la ciudad por motivos de seguridad. En el regreso, lograron perder al vehículo que las seguía.
Estos actos de hostigamiento contra las dos defensoras de derechos humanos son los últimos en una serie de incidentes dirigidos a intimidarlas. En los últimos meses, Adriana Linares Arroyo y Rubí Cortés Salazar han sido el objetivo de escuchas telefónicas, actos de difamación, criminalización y vigilancia mientras realizan su trabajo en defensa de los derechos humanos, así como actos de intimidación por parte de individuos con una apariencia física que pareciera indicar que pertenecen a la policía o el ejército. El el 22 de Junio de 2016, las defensoras participaron en un diálogo con la Secretaría de Gobernación que fue atendido por el Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong. Las defensoras reportan que los ataques en su contra sólo han incrementado después de dicha reunión. Cabe mencionar que el día 17 de junio del 2016, las defensoras solicitaron medidas de protección, las cuales fueron inicialmente denegadas y, después de una segunda solicitud, fueron aprobadas.
Otras defensoras de derechos humanos que apoyan el movimiento magisterial en Oaxaca han sido intimidadas y vigiladas, como en el caso de Soledad del Rocío Ramos Mendoza quien es una defensora de los derechos de los pueblos originarios. Es Coordinadora Estatal de Madres y Padres de Familia en la ciudad de Oaxaca, donde ha tenido un papel importante informando y movilizando a la sociedad civil sobre los impactos de la reforma educativa. El 14 de Junio de 2016, al salir de su casa, a la defensora le siguieron tres vehículos de patrulla policial sin ninguna explicación. Un día antes, el 13 de Junio de 2016, aproximadamente a las 22h, mientras se preparaba a abordar su vehículo, Soledad del Rocío Ramos Mendoza se percató de que un desconocido con corte de pelo militar se encontraba cerca de su vehículo. Cuando abordó su carro, el individuo hizo una llamada, y cuando empezó a desplazarse, otro vehículo estacionado a unos 100 metros de distancia empezó a seguirla. La defensora se desvió varias veces hasta que finalmente logró perder al otro vehículo. Soledad del Rocío Ramos Mendoza ha sido el objeto de vigilancia, acosos y amenazas como resultado de su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
El ambiente de criminalización y represión contra el movimiento magisterial en Oaxaca, en particular contra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha ido en constante aumento. La represión se intensificó particularmente a partir del 2013, cuando fue aprobada la reforma educativa por la legislatura federal sin consultar al movimiento magisterial. El 19 de Mayo de 2016, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer anunció que 3,119 maestros y maestras iban a ser despedidos por participar en las protestas, con la mayoría de despidos estando concentrados en las regiones de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
El 19 de Junio de 2016, un operativo policial contra padres y madres de familia e integrantes del magisterio que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de asociación, manifestación y expresión en Nochixtlán, Telixtlahuaca, Huitzo, Viguera and Hacienda Blanca dejó al menos 8 muertos y más de 120 heridos. A la fecha, hay 75 líderes de la Sección 22 del SNTE en prisión como resultado de hostigamientos judiciales y actos de criminalización. Este número incluye al defensor indígena de derechos humanos Damián Gallardo Martínez, un caso sobre el cual se pronunció el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas quién determinó que la detención del defensor fue arbitraria y carece de fundamentos jurídicos. A pesar del llamado que ha hecho el Grupo de Trabajo junto a una multitud de organizaciones de la sociedad civil para dejar en libertad a Damián Gallardo Martínez, el maestro y defensor de derechos humanos continúa detenido en el Centro Federal de Readaptación Social numero 2 de ‘El Salto’ en el Estado de Jalisco (CEFERESO), donde ha sido víctima de torturas y malos tratos.
Front Line Defenders condena los actos de intimidación contra Adriana Linares Arroyo, Rubí Jazmín Cortés Salazar y Soledad del Rocío Ramos Mendoza, así como la represión del movimiento magisterial en Oaxaca.
Front Line Defenders insta a las autoridades de México a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de hostigamiento y amedrentamiento contra Adriana Linares Arroyo, Rubí Cortés Salazar y Soledad del Rocío Ramos Mendoza con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Adriana Linares Arroyo, Rubí Cortés Salazar y Soledad Ramos Mendoza incluyendo el refuerzo de cualquier medida de protección vigente cuando sea necesario;
3. Cesar la represión contra defensores y defensoras de derechos humanos afiliados a o asociados con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y garantizar en todas las circunstancias que puedan desarrollar sus actividades legítimas de defensoría sin miedo a represalias y libres de restricciones indebidas, incluyendo instancias de acoso judicial;
4. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.