- Naomi Glassman-Majara, abogada de American Bar Association, afirmó que “en reiteradas ocasiones, los juzgados en ese caso no analizaron las pruebas de ninguna manera, lo que se nota es que se copia y se pega el contenido de una diligencia a un testimonio, y lo acepta así nada más”.
- “Claramente, 10 veces más, se está violando el término o el plazo razonable que tenía México para haberle dictado una sentencia; 16 meses es el plazo relativamente racional, y van 168 meses que es 10 veces más”: Yésica Sánchez Maya, integrante de la Dirección Colegida de Consorcio Oaxaca, en referencia al plazo razonable de 16 meses que plantea el derecho internacional.
- El informe concluyó que el proceso contra el defensor de los bosques indígena zapoteco, Pablo López Alavez, que ha durado 14 años es un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales.
Este miércoles, en la Casa de la Ciudad, el Colegio de Abogadas de Estados Unidos (ABA), llevó a cabo la presentación del Informe Internacional Análisis del Debido Proceso en la Criminalización del Defensor Indígena Pablo López Alavéz, la cual fue moderada por Yésica Sánchez Maya, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, organización acompañante del caso, y contó con la participación de Yolanda Pérez, defensora de derechos humanos.
En ese marco, el informe concluyó que el proceso contra el defensor de los bosques indígena zapoteco, Pablo López Alavez, que ha durado 14 años es un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales.
En su intervención, Naomi Glassman-Majara, abogada de American Bar Association, explicó que este documento es un análisis de las violaciones del debido proceso bajo el Derecho Internacional, dijo que éste se basa en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos, también hace un análisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Basándonos en estas leyes y el derecho Internacional, lo que hicimos fue un análisis de algunos de los documentos del caso y mayormente esas fueron las decisiones judiciales, los autos de formal prisión, apelaciones, las sentencias y decisión del amparo; analizamos el caso con una mirada independiente e imparcial y desde afuera”, subrayó Naomi Glassman-Majara.
La abogada de ABA explicó que en este informe se describen las violaciones al Marco Legal Internacional, entre ellas, la detención arbitraria de Pablo, la prisión preventiva injustificada, además; en el Informe se aborda también el derecho a ser escuchado por un Tribunal competente independiente e imparcial y el derecho a una investigación judicial efectiva, derechos a los cuales Pablo no tuvo acceso.
“En conjunto, el tratamiento de las pruebas en este caso, violó el derecho de Pablo López a un Tribunal competente e imparcial, así como la presunción de inocencia”; subrayó.
Además, la revisión determinó que, en repetidas ocasiones, los tribunales no le han proporcionado un análisis jurídico adecuado ni imparcialidad con arreglo al derecho internacional y nacional. Las decisiones judiciales han aceptado los testimonios de cargo que eran inconsistentes y contradictorios, que no mencionaban a Pablo López, o que eran recitaciones palabra por palabra.
Lo clave y central de esas violaciones ha sido el débil análisis legal hecho por los juzgados a través de todo el proceso. “En reiteradas ocasiones, los juzgados en ese caso no analizaron las pruebas de ninguna manera, mayormente lo que se nota es que se copia y se pega el contenido de una diligencia a un testimonio, y lo acepta así nada más”, afirmó.
“Leyendo estas decisiones con ojos nuevos, se notan contradicciones clave en algunos documentos, en diligencias y testimonios, y al otro lado, algunos de esos documentos y testimonios parecen ser hasta plagiados porque la descripción es la misma, palabra por palabra; hicimos un análisis con una máquina que hace la pruebas de plagio y salió que dos de los testimonio fueron iguales; otros salieron con 60%de igualdad”, subrayó.
En tanto, Alexandra Endara, también integrante del Colegio de Abogados de Estados Unidos – ABA, explicó que el Centro de Derechos Humanos de AB fue creado como un observador independiente, con el propósito de apoyar a las y los profesionales del derecho dentro y fuera del país, especialmente con la elaboración de herramientas que se basan en leyes internacionales.
Alexandra Endara subrayó: “cuando hablamos de América Latina vemos que los defensores que más han sido perseguidos y amenazadas, han sido los defensores de pueblos y comunidades indígenas, así como defensores de los recursos naturales y del medio ambiente y muchas de estas personas criminalizadas han sufrido procesos que se les considera bajo la Ley Internacional, injustos”.
Dichos procesos incluyen la detención arbitraria, así como los largos periodos de prisión sin sentencia, como es el caso del defensor de DH Pablo López. “Esto nos ha llevado a preparar el análisis del caso del defensor Pablo López y también el análisis en sí muestra cómo esta criminalización es emblemático, del hostigamiento y persecución de la que son objetos, no solo el defensor Pablo López, sino los defensores de derechos humanos e indígenas y del medio ambiente, aquí en el país y en Oaxaca”, subrayó Alexandra Endara
Al respecto, Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca añadió que el defensor del bosque y de los bienes comunes, ha vivido una grave y sistemática violación a los DH en estos 14 años, y que tiene un proceso de criminalización injusta desde el momento de su detención. “Y que claramente, 10 veces más, se está violando el término o el plazo razonable que tenía México para haberle dictado una sentencia; 16 meses es el plazo relativamente racional, y van 168 meses que es 10 veces más”: Yésica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca
Por su parte, la defensora de la tierra y del territorio y esposa del defensor criminalizado, Yolanda Pérez Cruz, dijo que a 14 años de su detención arbitraria, la familia de Pablo sigue siendo hostigada y criminalizada, además de ser víctimas del desplazamiento forzado.
También agradeció el acompañamiento y solidaridad de este y los demás espacios internacionales donde se ha abordado el tema. Asimismo, compartió el saludo que el defensor de la tierra y territorio envió desde la cárcel, en el marco de esta presentación.
