- Defensoras, activistas y víctimas de agresiones sexuales exigen sancionar e investigar a Francisco Regino Montes por hostigamiento y acoso sexual
- Exigen al destitución de funcionarios del INPI por omisos y cómplices de la violencia que se ejerce en sus centros coordinadores
- Exigen CERO TOLERANCIA al hostigamiento y acoso sexual y sancionar el silencio institucional y desinterés de diversos funcionarios federales para atender este caso y garantizar el acceso a la justicia a la victima
Acompañada de la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, de integrantes de la Colectiva Chicatanas, así como de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) y de Aracely Cruz Jiménez, también víctima de violencia sexual, la excolaboradora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adriana Hernández Vásquez denunció acoso sexual y laboral por parte de Francisco Regino, hermano del titular de esta institución federal.
En conferencia de prensa frente a Palacio de Gobierno, Adriana Hernández, quien también ha fungido como promotora comunitaria indígena, dio cuenta de la historia de acoso y hostigamiento sexual padecida directamente por Francisco Regino. Narró que desde enero del año 2021 comenzó a ser acosada por él vía WhatsApp, sin embargo, la violencia fue escalando tanto en el plano personal como el institucional.
Detalló que en el agosto del año 2021, Francisco Regino le pidió acudir a un departamento ubicado en la agencia Donají, supuestamente propiedad de su hermano Adelfo Regino, con la finalidad de: “aclarar su situación laboral”. No obstante, narró: “al llegar, me dice que tiene Covid y le reclamo el exponerme al contagio, él está solo en el lugar y me dice que no se me puede acercar pero que quiere que haga algo por él; me ofrece un consolador de plástico, lubricantes o algo así y me pide que los use mientras él observa, le dije que no y que necesitaba ayuda profesional”.
Dijo que a raíz de su negativa, en el trabajo se le prohibió participar en actividades públicas, se le exigió a sus compañeros no compartir información de proyectos con ella y la reubicaron a una oficina donde sus actividades se limitaban a sacar copias y escanear documentos.
“Él se dirige a la compañera de una manera absolutamente grave y denigrante, sin embargo, ella ya no se quiere quedarse callada; ya sopesó, toleró y estuvo buscando las vías “diplomáticas”, para intentar colocar esta queja, sin embargo no hubo oídos como ella misma lo narra, tocó puertas y buscó enlaces”, recriminó Yésica Sánchez Maya.
Asimismo, hizo un llamado al titular del INPI, Adelfo Regino Montes para que atienda a la brevedad esta situación y tome cartas en el asunto toda vez que –dijo- no se puede tener un agresor de esta naturaleza, de la misma calaña de Donato Vargas, dentro de su equipo de trabajo; “lamentablemente son también operadores electorales y por esa operación política muchas veces les dan un manto de impunidad”, subrayó.
Exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que agilice las denuncias que tiene tanto Araceli Cruz, víctima de violencia de género por parte de Donato Vargas, y ahora Adriana, así como otros casos más de los cuales se tiene conocimiento.
“Estamos interpelando desde un lado ético a Adelfo Regino Montes para que tome cartas en el asunto, también hacemos un llamado público al Instituto Nacional de las Mujeres, que se ha quedado al margen, incluso en el caso de Donato; ojalá no sea la segunda vez; a la SMO también, pues ha permanecido omisa, y negligente tanto en el caso de Donato y ahora esperemos que tome cartas en el caso de Adriana”, recalcó.
Y agregó: “Es muy delicado y grave que Adriana, por no acceder a los favores sexuales, haya tenido que perder su trabajo. ¡Ya basta de tanta impunidad, de tanta justificación y de tanta permisibilidad, solamente porque les consiguen los votos”.
Finalizó afirmando que hoy estamos en un contexto electoral donde hay candidatas mujeres y “viene mucho más fuerte el tema de clarificar e identificar acciones de investigación, sanción y separación de esa militancia que ejerce violencia, de esa militancia que no da pensión alimenticia y ilitancia que ocupa ese poder que tiene al ser operadores para estar hostigando y acosando sexualmente a las mujeres”.
Asimismo, Aracely Cruz Jiménez recriminó el lamentable papel de la diputada Irma Juan Carlos, pues ignoró la denuncia de Adriana: “que utilice la bandera de mujeres indígenas cuando no está haciendo nada a favor de ella, no le corresponde, que nos deje ese papel a las que realmente estamos luchando”, abundó.
