- Es urgente que Salomón Jara genere mecanismos para garantizar #LibertadParaPabloYA
- Pablo López es el último de los defensores reivindicados por el magisterio oaxaqueño y reconocido por expertos de la ONU que sigue injustamente preso
Hoy, 20 de agosto 2023, personas defensoras que fuimos víctimas de la represión de Estado, integrantes de organizaciones y colectivos del movimiento social oaxaqueño nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca para exigir la libertad inmediata del defensor indígena Pablo López Alavez.
Hoy se cumplen 4752 días de su detención arbitraria; a Pablo lo detuvieron por ser indígena, por luchar contra la deforestación, defender el bosque y el agua de su comunidad. El 15 de agosto 2010, un grupo al menos 15 hombres vestidos de negro, encapuchados y armados detuvieron con lujo de violencia a Pablo López en las cercanías del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam en la Sierra Norte de Oaxaca. Fue golpeado y amenazado junto con sus familiares, lo subieron a una camioneta donde fue mantenido por varias horas incomunicado. En ningún momento quienes lo detuvieron se identificaron ni le mostraron alguna orden de aprehensión. Fue después que le informaron que lo acusaban de homicidio y que empezó a un proceso lleno de irregularidades donde no fueron respetados sus derechos como integrante de un pueblo indígena y donde no se tomaron en cuenta las pruebas aportadas de su inocencia.
La criminalización de Pablo López se dio a manos del gobierno autoritario y asesino de Ulises Ruiz Ortiz, quien fue responsable de un sinfín de actos de violencia y asesinatos contra el movimiento social oaxaqueño. La libertad de Pablo es una deuda pendiente de esta represión priista. Desde la detención arbitraria de Pablo López se han sucedido tres sexenios en Oaxaca, en los que la criminalización de la defensa de los derechos humanos ha sido una constante. Ahora gobierna el morenista Salomón Jara, primer gobernador indígena quien se ha comprometido a apoyar a los pueblos indígenas. Es urgente que mande una señal en este sentido liberando al zapoteco Pablo López.
La exigencia de justicia y libertad para Pablo ha sido abrazada tanto a nivel nacional como internacional. Hace un año, quienes nos encontramos aquí y al menos 142 comunidades de diversos estados del país, 33 organizaciones nacionales e internacionales, expertos y actores internacionales como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos y 15 eurodiputados exigimos la libertad de Pablo y reivindicamos su lucha a través de la siembra de cientos de árboles en 10 países del mundo. Nuestra demanda hoy se hace más urgente que nunca. La criminalización de Pablo López como represalia a su labor de defensa de la tierra y el territorio también la ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas a través de la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Es preciso recordar que los expertos de la ONU han emitido seis opiniones sobre un total de 32 personas defensoras de Oaxaca y alertaron frente a un patrón especifico de detenciones arbitrarias en su contra en Oaxaca, en particular en contra de defensoras y defensores indígenas. Hoy, Pablo es el último beneficiario de estas opiniones que continúa privado de la libertad.
La libertad de Pablo también ha sido una demanda histórica del magisterio oaxaqueño. Recordemos que la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los trabajadores de la Educación enfrentó una ola de criminalización particularmente grave durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En este periodo, la Sección XXII ha exigido la libertad de alrededor de 80 presos. Pablo es el último que queda pendiente. Recientemente en la Asamblea Estatal de abril 2023, el magisterio oaxaqueño volvió a ratificar esta exigencia.
Hace un año, Enrique Irazoque Palazuelos, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación visitó a Pablo López e hizo el compromiso de buscar los mecanismos para lograr la implementación de la opinión. Este compromiso sigue sin cumplirse. La criminalización de Pablo tiene impactos no solo para el defensor sino para su familia, su comunidad y para quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes. La familia de Pablo López en particular su esposa y defensora de derechos humanos Yolanda Pérez Cruz siguen enfrentando el desplazamiento forzado y ataques constantes por exigir su libertad y levantar la voz por la justicia. Cada día de prisión injusta se profundizan los impactos de estos agravios y se vulnera la labor de defensa de derechos humanos en Oaxaca.
Los Gobiernos de la 4T tienen no solo la responsabilidad moral y ética sino la obligación de garantizar el cese a 13 años de arbitrariedades e injusticias cometidas desde gobiernos priistas en Oaxaca.
Urgimos al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador a cumplir ya con la opinión 23/2017 de expertos de la ONU, un pendiente de hace seis años.
Exigimos a Salomón Jara que abra el diálogo y genere mecanismos para garantizar
