- En Unión Hidalgo, la defensa del territorio ha desencadenado amenazas de muerte.
- Oaxaca en primer lugar de agresiones contra defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de abril del 2021. La Subdirectora de la organización ProDESC A.C., Verónica Vidal Degiorgis, aseguró que existe una correlación directa entre las agresiones a personas defensoras y el desarrollo de proyectos de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, durante su participación en el evento “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, en el marco del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“En el caso de la Comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, la defensa de su territorio contra la instalación de parques eólicos con capital transnacional español y francés, ha desencadenado violencia y agresiones, incluidas amenazas de muerte hacia las personas defensoras sobre todo en el marco de las consultas indígenas en donde no se respetan los lineamientos del convenio 169 de la OIT”, aseguró Vidal en este evento virtual.
Además, la defensora coincidió con la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien dijo que “algunas empresas han avanzado en crear políticas de derechos humanos”, sin embargo, “aún son pocas las que tienen políticas públicas que se ocupan directamente de la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos”.
Vidal destacó que de acuerdo con del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “de 2012 a 2018, Oaxaca fue la entidad que registró mayores agresiones a personas defensoras (79 del país) y los ataques se concentraron en la zona de Juchitán” mismos que se dieron en un contexto de imposición de parques eólicos.
Desde 2011 defensores y defensoras de Unión Hidalgo son beneficiarias de medidas cautelares comunitarias, mismas que se ampliaron en 2012 con la entrada de Électricité de France (EDF) a la comunidad y el incremento exponencial de las amenazas y agresiones en su contra.
“En junio del 2018 la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana por la situación de riesgo de las y los defensores tras haber iniciado procesos legales contra la empresa y contra la Secretaría de Energía en México”, concluyó.
Un año después, en junio de 2019, la OMCT y la Federación Internacional para los Derechos Humanos emitieron un llamado urgente debido al incremento de las agresiones y amenazas en el contexto del proceso de consulta sobre el proyecto Gunna Sicarú de Electricité de France” en Unión Hidalgo.
“Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras en México”, fue evento convocado por las organizaciones Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Front Line Defenders, Organización Mundial Contra la Tortura, Pan Para el Mundo, Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, Servicio Internacional por los Derechos Humanos y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) en el marco del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON VERÓNICA SANTIAGO AL CORREO ELECTRÓNICO veronica.consorciooaxaca@gmail.com, Y EN MÉXICO AL TELÉFONO 9511099505.
MENSAJE ÍNTEGRO DE VERÓNICA VIDAL, SUBDIRECTORA DE PRODESC A.C., EN EL EVENTO PARALELO “HACIA LA ERRADICACIÓN DE ASESINATOS Y AMENAZAS CONTRA PERSONAS DEFENSORAS EN MÉXICO”, EN EL MARCO DEL 46O PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU.
Desde PRODESC agradecemos también el enorme esfuerzo y análisis que nos propone el informe de Mary, en su primer informe como relatora especial y también dar la bienvenida como mencionaba mi colega Yésica, pues a esta continuidad creemos que también es importante la sucesión de los mandatos, dar un mensaje claro de continuidad y fortalecimiento a una relatoría tan importante en el contexto y el panorama que no se nos ha presentado en el día de hoy, que es muy grave.
En cuanto al caso específico que desde ProDESC hemos venido acompañando en Unión Hidalgo, Oaxaca contra las comunidades, defendiendo su tierra y territorio contra compañías eólicas de capital transnacional, francés y español principalmente, concordamos justamente con el análisis que hace la relatora que si bien hay algunas empresas que han avanzado en crear políticas de derechos humanos que abarquen la debida diligencia y tengan en cuenta el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, aún son pocas las que tienen políticas públicas que se ocupan directamente de la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos.
Concordamos con que las empresas tienen la responsabilidad de proteger a las y los defensores y, sin embargo, como se ha mencionado el día de hoy muchos son asesinados tras haber protestado por los impactos de los proyectos empresariales en sus derechos humanos. Las empresas también eluden su responsabilidad de impedir estos ataques contra personas defensoras o incluso son responsables de los mismos.
En el caso de la Comunidad de Unión Hidalgo Oaxaca, la defensa de su territorio contra la instalación de parques eólicos con capital transnacional español y francés, ha desencadenado violencia y agresiones, incluidas amenazas de muerte hacia las personas defensoras sobre todo en el marco de las consultas indígenas en donde no se respetan los lineamientos del convenio 169 de la OIT.
En nuestra experiencia existe una correlación directa entre las agresiones a personas defensoras y los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Los datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental del 2020 confirman que del 2012 al 2018 Oaxaca fue la entidad que registró mayores agresiones a personas defensoras (79 del país) y los ataques se concentraron en la zona de Juchitán justamente en este en este contexto de construcción de parques eólicos.
Desde el 2011 las personas defensoras de Unión Hidalgo en este contexto han sido beneficiarias de medidas cautelares por el ombudsperson local de Derechos Humanos del de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca por su situación de riesgo mismas que en 2012 tuvieron que ampliarse a medidas cautelares comunitarias con la llegada del proyecto de Electricité de France a la comunidad Unión Hidalgo las amenazas y las agresiones a defensores de Derechos Humanos se han incrementado exponencialmente, tanto es así que en abril del 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares nuevamente por riesgo de agresiones y conflicto comunitario debido al proyecto de Electricidad de Francia.
En junio del 2018 otra vez la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana por la situación de riesgo de las y los defensores tras haber iniciado procesos legales contra la empresa y contra la Secretaría de Energía en México y en junio del 2019 la OMCT y la Federación internacional para los derechos humanos emitieron un llamado urgente por el incremento de las agresiones y amenazas en el contexto del proceso de consulta sobre el proyecto de Electricidad de Francia.
Ante este contexto consideramos que las recomendaciones que la relatora especial expone en su informe con respecto a las empresas y a las instituciones financieras que financian proyectos de extractivistas en el país son como tales: formular y publicar políticas específicas sobre los derechos humanos en consulta con defensores a fin de proteger generar medidas de protección, también el compromiso que implica de cumplir las normas obligatorias de Derechos Humanos y actuar con la debida diligencia ambiental empresarial son claves en avanzar a erradicar las amenazas por parte de actores no estatales.
Igualmente la relatora señala que las empresas deben invertir en capacidad adicional para reforzar el apoyo a las y los defensores, y reconocer el riesgo específico que corren en la instalación sus actividades en otros territorios. Para aterrizar esto en México, es importante dar seguimiento e incidencia específica por parte de organizaciones de la sociedad civil y las comunidades a la iniciativa de ley de debida diligencia que presentó el senador Germán Martínes el año pasado para crear una Ley General de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Esta iniciativa hasta el día de hoy no ha contado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil ni de las comunidades afectadas por las actividades empresariales en su territorio.
Para que las recomendaciones de la Relatora puedan aterrizar en nuestro contexto local es necesario generar una ruta de incidencia desde la sociedad civil y las comunidades afectadas en el proceso legislativo para asegurar que esta ley coloque a las empresas en una ruta de rendición de cuentas corporativa y al estado como garante y fiscalizador de sus actividades. Muchas gracias.
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