| Pide Yésica Sánchez Maya eliminar amenazas y cerrar cuentas de agresores
| En pandemia aumentaron expresiones de odio e incitaciones a la violencia
| Necesario castigar a funcionarios que hagan investigaciones deficientes
| Demanda la libertad de los activistas Pablo López Alavez y Fredy García
Oaxaca, México, 25 de marzo de 2021. La mitad de los ataques cometidos contra mujeres defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2020 se dieron en redes sociales, afirmó Yésica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de la asociación civil feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).
Esto se ha observado especialmente a partir del confinamiento por la pandemia por Covid-19, dijo en el marco del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el evento “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”.
Sánchez Maya es una de las impulsoras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, con presencia en 27 estados del país, y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que articula a 2,000 mujeres defensoras de derechos humanos en cuatro países de la región. Ambos proyectos trabajan para la protección integral de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
La abogada feminista manifestó su alta preocupación por el aumento de las expresiones de odio, incitaciones a la violencia, difamaciones y amenazas digitales en Oaxaca, que incrementan el riesgo de que se materialicen agresiones físicas o asesinatos, especialmente a las feministas y a las mujeres que defienden los derechos humanos de las mujeres.
Ello fue expresado en el evento paralelo a las sesiones de Naciones Unidas, que reunió en línea a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, con diversas organizaciones de la sociedad civil, este 11 de marzo, a convocatoria de diez organizaciones, entre ellas Consorcio Oaxaca.
En referencia al informe de Lawlor “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, Sánchez Maya consideró fundamental garantizar que se cumplan las recomendaciones dirigidas a las empresas de redes sociales, en el sentido de eliminar contenido amenazante hacia personas defensoras de derechos humanos y cerrar las cuentas de los agresores.
Además de lo previsto en el informe que la Relatora Especial presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la defensora oaxaqueña destacó también la necesidad de que las empresas de redes sociales entreguen todos los datos necesarios para fincar las responsabilidades por esas amenazas digitales.
Dijo también coincidir en la preocupación de Lawlor por el recrudecimiento de las amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos, frecuentemente basadas en el género; detalló que en Oaxaca su organización documentó que 12 por ciento de los ataques contra defensoras fueron amenazas, y que éstas se investigan aún menos que los asesinatos.
“En el caso de Consorcio Oaxaca, por ejemplo, a pesar de haber interpuesto denuncia por la amenaza de feminicidio en los ataques de junio 2020, hasta la fecha no hemos sido notificadas de que la investigación esté radicada por parte de la Fiscalía General de la República”, añadió.
También en relación con el informe, Sánchez Maya celebró que éste reconozca los riesgos específicos que enfrentan las personas que defienden tierra y territorio y los derechos de los pueblos indígenas, “pues en Oaxaca registramos 21 asesinatos de personas defensoras entre 2017 y 2019” y “más de la mitad de ellos están en la impunidad total”.
Señaló la falta de protocolos diferenciados para investigar los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, como lo evidencia el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca únicamente registra el caso de un homicidio contra una persona defensora, en el periodo en el que Consorcio Oaxaca registró 21 casos.
“Es entonces prioridad reconocer este riesgo especifico y garantizar la investigación de los asesinatos de personas defensoras, pero también el castigo a los funcionarios que realicen investigaciones deficientes”, expuso a la Relatora Especial.
“En México urge un Poder Judicial sensible, que reconozca que está manteniendo en estado de privación de la libertad a defensores, y actuar en consecuencia para ordenar las liberaciones inmediatas, reconociendo que se trata de un asunto de criminalización a la labor de defensa, como son los casos de Fredy García y Pablo López Alavez”, concluyó.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE CON VERÓNICA SANTIAGO AL CORREO ELECTRÓNICO veronica.consorciooaxaca@gmail.com, Y EN MÉXICO AL TELÉFONO 951 109 9505.
PARTICIPACIÓN ÍNTEGRA DE LA SRA. YÉSICA SÁNCHEZ MAYA, INTEGRANTE DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL CONSORCIO PARA EL DIÁLOGO PARLAMENTARIO Y LA EQUIDAD OAXACA, EN EL EVENTO PARALELO «HACIA LA ERRADICACIÓN DE ASESINATOS Y AMENAZAS CONTRA PERSONAS DEFENSORAS EN MÉXICO», EN EL MARCO DEL 46º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Desde Consorcio Oaxaca nos sumamos a esta bienvenida al informe que da continuidad también al trabajo que se vino haciendo con Michel Forst, esto para nosotros es muy importante como sociedad civil, este hilo conductor de proceso, y en concreto yo voy a hablar de la situación del estado de Oaxaca, que es uno de los estados que refleja mayores ataques contra mujeres defensoras y las personas que defienden tierra y territorio a nivel nacional.
Varios aspectos del informe nos parecen fundamentales pues reflejan los retos y prioridades para las personas defensoras en Oaxaca, y me enfocaré en dos en particular.
En primer lugar, compartimos con la Relatora Especial la importancia de reconocer los riesgos específicos que enfrentan las personas defensoras que defienden tierra y territorio y de los pueblos indígenas, pues en Oaxaca registramos 21 asesinatos de personas defensoras entre 2017 y 2019. Más de la mitad de ellos están en la impunidad total.
Faltan protocolos diferenciados para investigar estos casos, como lo evidencia el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca únicamente tiene registrado un caso de homicidio, de una persona, en el periodo en el que Consorcio Oaxaca registró 21 casos. Es entonces prioridad reconocer este riesgo especifico y garantizar la investigación de los asesinatos de personas defensoras, pero también el castigo a los funcionarios que realicen investigaciones deficientes.
Por otro lado, coincidimos en los hallazgos en relación a la preocupación por el recrudecimiento de amenazas contra mujeres defensoras, mismas que, como resalta, “a menudo son basadas en el género”. En Oaxaca documentamos que 12% de ataques contra defensoras han sido amenazas; que éstas, aún menos que los asesinatos, se investigan. En el caso de Consorcio Oaxaca, por ejemplo, a pesar de haber interpuesto denuncia por la amenaza de feminicidio en los ataques de junio 2020, hasta la fecha no hemos sido notificadas de que la investigación esté radicada por parte de la Fiscalía General de la República.
Relacionado a la situación anterior, las defensoras saludamos también las recomendaciones de la Relatora Especial en relación a las empresas de medios sociales. Recordamos en este sentido que la mitad de los ataques documentados contra mujeres defensoras en Oaxaca en 2020, especialmente a partir del confinamiento por COVID-19, se dieron en redes sociales. Preocupa de sobremanera que hayan incrementado las expresiones de odio, incitaciones a la violencia, difamaciones y amenazas digitales, incrementando el riesgo de que se materialicen agresiones físicas o asesinatos, especialmente a las feministas y a las mujeres que defienden los derechos humanos de las mujeres.
De allí que es fundamental garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que hace la Relatoría a las empresas de medios sociales en el sentido de eliminar contenido amenazante, cerrar cuentas de agresores, pero también de facilitar todos los datos para fincar las responsabilidades por esas amenazas digitales.
Para ello, será clave trabajar de manera articulada entre las organizaciones nacionales, internacionales, la Relatoría Especial, la oficina en México de Naciones Unidas, y hacer accesibles a todas las personas defensoras en sus distintos contextos y de allí impulsar acciones concretas para el cumplimiento de todas las partes.
Otro elemento importante también es que en México urge un Poder Judicial sensible, un Poder Judicial que reconozca que está manteniendo en estado de privación de la libertad a defensores, y actuar en consecuencia para ordenar las liberaciones inmediatas, reconociendo que se trata de un asunto de criminalización a la labor de defensa, como son los casos de Fredy García y Pablo López Alavez. Es cuanto.
